El Gobierno exige «responsabilidad» ante los ataques al Tribunal Supremo

MADRID- El Gobierno se negó ayer a hacer ninguna valoración oficial sobre la decisión del Tribunal Supremo (TS) de condenar a Baltasar Garzón por prevaricación e imponerle una pena de 11 años de inhabilitación, que conlleva su expulsión de la carrera judicial. Prudencia exquisita al respecto por parte de la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría. Desde el Consejo de Ministros la única valoración fue que las sentencias judiciales tienen que ser respetadas por todos, y acatadas por aquellos a los que les afectan.

Sáenz de Santamaría no nombró ni una vez a Garzón, ni a favor ni en contra, pero sí al Tribunal Supremo para defenderlo de manera categórica frente a los ataques que está recibiendo, muchos desde el ámbito político de la izquierda, por el fallo unánime sobre el caso de las escuchas en la investigación de la trama «Gürtel».

El Gobierno pide «reflexión y responsabilidad», especialmente a los políticos, que ejercen su responsabilidad –recuerda– con la legitimidad que emana de la misma Constitución, que convierte al Supremo en el vértice de nuestro sistema judicial. Sáenz de Santamaría reclamó respeto a las instituciones democráticas, con el argumento de que cuando se cuestionan se está cuestionando también nuestra democracia, y se está dañando, además, la imagen de España fuera de nuestras fronteras. El mismo razonamiento que usan los pro-Garzón, pero a la inversa: para el Ejecutivo, no es la condena a Garzón lo que deteriora la imagen de nuestra Justicia, sino la falta de respeto al fallo.

«España es un país democrático. Me preocupa, y mucho, esa imagen que se está intentando trasladar de España que no es España. Cuando se cuestionan las instituciones democráticas del Estado, se cuestiona la democracia misma, dentro y fuera de nuestras fronteras», defendió. En un sonoro gesto para marcar distancias con la etapa anterior, la vicepresidenta dijo que el Gobierno no «condicionará» el trabajo de la Fiscalía. Ahora bien, dejó la puerta abierta a que ésta, en el ejercicio de sus competencias, pueda tomar medidas si cree que hay razones jurídicas para hacerlo por las duras descalificaciones que lanzan contra el Supremo.

El Ministerio de Justicia distribuyó ayer una declaración de su titular, Alberto Ruiz-Gallardón, en la que se subraya el completo acatamiento a la sentencia. «Actitud que no es sino muestra del respeto al principio de separación de poderes que debe regir con normalidad en nuestro Estado de Derecho», señalaba la nota. Y en esa línea argumental también abundó la vicepresidenta: «España es un país democrático, hemos trabajado mucho para que lo sea y es un Estado con separación de poderes».