Penalizar la política

Entre las dos guerras mundiales, Argentina era una potencia y hoy una cuadra abandonada en la que impera un movimiento que ha destruido la política. No invitaré a seguir su ejemplo. Además, como estiman que con la comida no se juega, si la Policía Caminera sorprende una tienta van presos hasta los espectadores. Pero de mis años australes añoro la naturalidad con la que una república federal interviene las provincias. Éstas están muy sujetas por el embozado centralismo del Puerto, de Buenos Aires, y cuando una de ellas entra en lo que llaman «default», quilombo, merienda de negros cimarrones como el de Castilla– La Mancha o Andalucía, la mayoría parlamentaria la interviene, destituye al gobernador elegido democráticamente y hasta al jefe de la policía, y un interventor federal gobierna para sanear la contabilidad y reponer la vajilla. Ni los periódicos titulan a cinco columnas un tutelaje provincial. Ya digo que no vamos a imitar esa práctica, ni podemos, pero las propuestas del ministro Montoro son de salud pública aunque la izquierda, amante de la desprolijidad, las tilde de impropias. La gestión política no puede seguir siendo irresponsable y necesita correctivos administrativos, civiles y penales. Aprobar una ley de Dependencia, jalearla, y no dotarla económicamente, es una burla cruel a los más angustiados. No pido cárcel para Zapatero, pero sí que el PSOE cante la palinodia. Lo importante es la costumbre austral de que si una provincia se desfonda por dolo pierda temporalmente su autonomía y aboque a otras elecciones. Montoro tiene razón.