Castilla y León

El Ayuntamiento de Burgos investiga la factura de 207000 euros de un concejal

Cientos de personas, muchos trabajadores del consistorio, protestan

Numerosos burgaleses mostraron su malestar en el mismo Ayuntamiento
Numerosos burgaleses mostraron su malestar en el mismo Ayuntamientolarazon

BURGOS- El Ayuntamiento de Burgos investigará de manera interna, bajo la supervisión del secretario municipal, la factura de datos de telefonía propiedad del consistorio, por valor de 207.000 euros, gastados entre los meses de abril y mayo del pasado año.
Si bien, durante el pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento burgalés se echó por tierra la petición de los grupos de la oposición (PSOE y UPyD) de crear una comisión investigadora, para aclarar la posible responsabilidad del concejal de Nuevas Tecnologías e Ingeniería Industrial, Eduardo Villanueva.

Precisamente el edil, que fue suspendido el jueves por el alcalde Javier Lacalle, estuvo presente en un pleno en el que los asistentes estaban también muy pendientes de lo que ocurría fuera. Y es que cientos de personas, muchos de ellos trabajadores del Consistorio, protestaban a las puertas del Ayuntamiento, pero también accedían a su interior, para mostrar su malestar, con gritos del tipo «Eduardito devuelve el dinerito», también plasmado en muchas pancartas.
El presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Burgos, Federico Sanz, criticó que se estén recortando derechos de los trabajadores, se les reduzca su salario y se recorten inversiones mientras un concejal puede gastar «una barbaridad» con un teléfono del Ayuntamiento.

Consecuencias
Por su parte, el presidente del Comité de Empresa, Rubén de la Peña, declaró a Efe que nadie les ha informado de las consecuencias reales del cese, porque el concejal tiene más responsabilidades en el Ayuntamiento y es uno de los liberados, por lo que cobra un sueldo municipal que «hasta donde sabe el Comité no se le ha retirado».

El portavoz del Grupo Popular, Ángel Ibáñez, por su parte, indicó que «se dará toda la información» y apeló a la «prudencia» para que las personas que están investigando puedan desarrollar su trabajo sin tener que hacer caso a «juicios de valor». «Daremos explicaciones públicas, pero en este asunto no hay que precipitarse», dijo.