Con el «aval» del PSOE

J uan Antonio Xiol, magistrado «progresista» del Tribunal Supremo, preside desde hace siete años su Sala Civil. No pertenece a ninguna asociación, pero su perfil jurídico está perfectamente definido en sus resoluciones. Fue uno de los siete magistrados que se opusieron a la decisión de la Sala del 61 de no permitir a Sortu la inscripción en el Registro de Partidos Políticos, y, así, frenar su participación en los pasados comicios municipales y forales. Entendía que no permitir a Sortu estar en los comicios equivalía a una «ilegalización preventiva».

Pero también es conocido por su trayectoria política, vinculada siempre al PSOE, y de forma muy directa a quien entonces era su secretario general y principal líder, Felipe González. Así, cuando González ocupó la presidencia de Gobierno, Xiol fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia, entre los años 1985 y 1990. Abandonó el cargo para incorporarse como vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del PSOE, entre 1990 y 1996.
Fue miembro del órgano de gobierno de los jueces y magistrados en el mandato más convulso y polémico que ha tenido, donde la presencia de Pascual Estevill, posteriormente condenado por delito fiscal y prevaricación, desató una profunda crisis. Fue uno de los vocales que votaron a favor de la expulsión de Estevill del Consejo. Al no salir adelante la propuesta, presentó su dimisión al entonces presidente del Consejo, Pascual Sala, junto a otros cinco vocales. Las renuncias fueron aceptadas y el CGPJ quedó prácticamente inoperante. Ahí acabó su vida «política». Desde ese momento este barcelonés se dedicó por entero a su profesión de magistrado. Muy bien visto en una parte importante del «sector progresista», algunos vocales del Consejo le consideran la persona idónea para pilotarlo hasta su próxima renovación, prevista para septiembre de 2013. Pero, en todo caso, no sería fácil que aglutinase la mayoría suficiente de 12 votos que necesitaría, ya que el «sector conservador» no prevé apoyarlo. Su pasado político puede suponer un freno decisivo para acceder al más alto cargo judicial.