Los fiscales denuncian que Pumpido sigue en el cargo de forma «irregular»

MADRID- La última reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal incluyó de forma expresa como una de las causas tasadas para el cese del fiscal general del Estado cuando lo haga el gobierno que le propuso. El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado día 22 el cese del todavía presidente del Gobierno, por José Luis Rodríguez Zapatero, y de todos sus ministros, quienes continuarán en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, que presidirá Mariano Rajoy, tal como prevé la Constitución y se desarrolla en la Ley del Gobierno.

Sin embargo, la situación de Cándido Conde-Pumpido no ha variado un ápice y permanece al frente del Ministerio Público.

Esta situación ha sido denunciada de forma enérgica por la mayoritaria Asociación de Fiscales, quien considera que no existe cobertura legal para que pueda continuar como fiscal general y que lo procedente es que se publique de inmediato su cese.

«El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no prevé la figura del fiscal general del Estado cesante o en funciones, sino su sustitución por el teniente fiscal del Tribunal Supremo», Juan José Martín Casallo, se afirma al respecto desde la citada asociación.

La situación administrativa de «fiscal general en funciones» no puede mantenerse, ya que la misma carece «de un soporte normativo específico».

De esta forma, la Asociación de Fiscales no tiene dudas de que la permanencia de Conde-Pumpido al frente del Ministerio Público no puede justificar con la aplicación «supletoria de una regulación prevista para el Ejecutivo», es decir, la Ley del Gobierno.

Y ello porque, la aplicación de la citada ley «no se compadece con la necesaria autonomía del Ministerio Fiscal».

Con estos argumentos, la Asociación de Fiscales sostiene que Conde-Pumpido debería haber abandonado su cargo el pasado 22, el mismo día que se publicó en el BOE el cese del Gobierno y su permanencia «en funciones». Al no haberse producido, reclaman que, «sin mayores dilaciones», se proceda a hacer oficial su cese como fiscal general, «al no encontrarse en funciones».

Autonomía también aparente
Sobre esta cuestión, el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Jiménez Villarejo, declaró ayer a LA RAZÓN, que «no es bueno para la imagen de la Carrera que se aplique en este caso una ley prevista para regular una situación administrativa del Gobierno», y máximo, añadió, «si se quiere que la autonomía respecto al Ejecutivo no sea sólo real, sino también aparente».

Junto a ello, recordó que a los fiscales se les aplica de forma supletoria a Ley Orgánica del Poder Judicial en todo lo que se refiere a situaciones administrativas, ya que las mismas no están reguladas en ninguna norma del Ministerio Fiscal. «Y resulta que a quien representa a la Carrera, se le aplica la Ley del Gobierno, que es para el Ejecutivo».

EL DATO
El art. 31
del Estatuto del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general cesará cuando lo haga el Gobierno que le propuso