El contrato electoral por Jaime Ignacio del Burgo

Los romanos acuñaron un famoso aforismo –«pacta sunt servanda»– como principio básico de las relaciones contractuales. Puede parecer una verdad de Perogrullo, pues todo el mundo sabe que hay que cumplir lo pactado. Se dice que en otro tiempo bastaba un apretón de manos para asegurar el buen fin del contrato. Los romanos no debían estar tan seguros de ello pues regularon con minuciosidad qué había de hacerse en caso de incumplimiento.

Viene todo esto a cuento de algunas voces que reclaman la dimisión del presidente Rajoy por adoptar medidas contrarias al núcleo esencial de su programa electoral. Pero hablar de «contrato» en términos electorales es pura elucubración. Para empezar no se puede determinar quién está legitimado para exigir la resolución del contrato. Nadie sabe a quién y por qué vota cada elector. Los votos no llevan consigo ninguna exposición de motivos. Y muy pocos votantes se preocupan de leer en su integridad el programa electoral de su formación política.

Admito como hipótesis que pueda hacerse un juicio negativo sobre la política de Mariano Rajoy. Las hemerotecas son trampas mortales para los políticos. Hay quien se ha preocupado de recopilar lo que dijo en la campaña electoral sobre lo que se proponía hacer y sobre lo que nunca haría. Y de ahí deducen que puede invocarse el principio «pacta sunt servanda» para exigir la dimisión de Mariano Rajoy por infracción de su contrato electoral.

Mas en tal caso habríamos de acudir de nuevo a la lejana latinidad. Porque fueron los romanos quienes puntualizaron dicho principio añadiéndole la coletilla «rebus sic stantibus», o, dicho en román paladino, que los pactos deben ser cumplidos «mientras las cosas sigan así». Es decir, mientras no cambien sustancialmente las circunstancias del momento en que se formalizó el pacto.

Pues bien, aun dando por válida la teoría del contrato electoral, no es lícito concluir que haya causa suficiente para su resolución. Está claro que las promesas electorales se hicieron bajo error invencible, pues el gobierno anterior ocultó la gravedad de la situación. De modo que las promesas supuestamente incumplidas se hicieron con desconocimiento del alcance real de aquélla. Además resulta indiscutible que imponderables externos (el permanente acoso de los «mercados» al euro en general y a la deuda española en particular) son los que han provocado el agravamiento progresivo de la actividad económica. Son todas ellas circunstancias ajenas a la voluntad del Gobierno y su resolución escapa en buena medida a su propia capacidad de reacción.

Por desgracia, la caja del Estado estaba llena de telarañas cuando Rajoy llegó al poder. España debe a los «mercados» lo que no está escrito gracias a un endeudamiento brutal agravado exponencialmente en los tiempos en que gobernaban quienes negaban la existencia de la crisis. El déficit público en el momento de la transmisión de poderes era muy superior al confesado por el anterior gobierno. Hasta nuestros bancos –que se nos dijo jugaban en la «champion league»– estaban llenos de agujeros y han tenido que venir de Europa a salvarnos de su hundimiento. Por otra parte, en el gigantismo estructural y despilfarrador de nuestras Administraciones, al que no puso coto quien podía y debía hacerlo, está la causa de todos nuestros males. En estas circunstancias es claro que no cabe acusar al presidente de incumplimiento de ningún contrato o promesa electoral.

Hay quien piensa que Mariano Rajoy disfruta subiendo impuestos, reduciendo prestaciones sociales, bajando el sueldo a los funcionarios, en suma, introduciendo dolorosos recortes. Un desnortado líder de la oposición dice que todo esto lo hace la derecha por motivos ideológicos, como si la ideología del humanismo cristiano y liberal no tuviera otro objetivo que el de acabar con el estado de bienestar. Sólo adoptando ésas y otras drásticas decisiones, amén de medidas para promover la actividad económica productiva y que eviten el retraimiento cobarde e insolidario del capital, podrán salvarse las conquistas sociales básicas (educación, sanidad y servicios sociales).

Hay que cumplir los objetivos exigidos por la Unión Europea si se quiere evitar la quiebra del Estado. De no ser así, tal vez llegue el día en que los funcionarios que ahora protestan porque se les ha quitado la paga de Navidad no puedan ni siquiera cobrar sus nóminas. Y esta reflexión deberían hacérsela todos cuantos de una forma u otra viven al calor de los presupuestos de las Administraciones Públicas.

Las voces de dimisión revelan el carácter antidemocrático de un sector de la izquierda que se resiste a aceptar que la derecha pueda gobernar España. Aspiran a derribar el gobierno por la vía de hecho. El presidente no firmó ningún contrato electoral, sino que obtuvo del pueblo español –no se olvide– un mandato por cuatro años para hacer lo posible y lo imposible para sacar a España de la crisis.

Jaime Ignacio del Burgo
Fue presidente del Gobierno de Navarra, senador y diputado