Los polémicos negocios de los Chaves

La otra hija del ex presidente andaluz, Paula Chaves, también salió a la luz pública por apoderar a una empresa que recibió una subvención de más de diez millones de euros; cinco hermanos tienen o han tenido puestos relacionados con la Administración autonómica... En esta madeja también hay sobrinos y hasta la ex nuera, Rocío Cabet del Castillo, ex mujer de Iván Chaves, quien trabaja en la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda).

«Caso Climo Cubierta»
Este caso de nepotismo puso contra las cuerdas al ex presidente andaluz. En la anterior legislatura, a mediados del año 2006, trascendió que Leonardo Chaves, como director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, firmó contratos a favor de Climo Cubierta, a la que asesoraba otro de los hermanos del «clan Chaves»: Antonio José. Éste vendió sus acciones en la empresa sólo once días antes del nombramiento oficial de Leo.

La facturación de Climo Cubierta se disparó tras establecerse estos lazos privilegiados con la Administración. El PSOE se opuso frontalmente a una comisión de investigación –la última se desarrolló en 1995– y negó que se infringiera la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos.
Hay, además, otros Chaves implicados: un hijo de Leonardo Chaves, Leonardo Chaves Marín, quien trabajó en Climo Cubierta y ahora está contratado como arquitecto en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, uno de los feudos socialistas del área metropolitana de Sevilla.

Otro hijo de Antonio José, Jaime, también trabajó en Climo Cubierta. Leonardo Chaves, tras la remodelación del Gobierno y el reajuste de altos cargos emprendida por José Antonio Griñán en 2009, pasó a la dirección general del Cajasol de Baloncesto, un salto auspiciado lógicamente por su hermano. Antes, entró «a dedo» en la Diputación Provincial de Sevilla.

«Caso Matsa»
El «caso Matsa» está actualmente en trámite judicial. El Consejo de Gobierno, siendo presidente el propio Manuel Chaves, otorgó una subvención de más de diez millones de euros a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsau), siendo apoderada y máxima responsable de los servicios jurídicos de esta empresa Paula Chaves. El Tribunal Supremo desestimó a principio del año pasado la querella que presentó el Partido Popular contra el actual vicepresidente tercero del Gobierno, al que acusaba de prevaricación y tráfico de influencias, ya que no se inhibió en la concesión de la ayuda, tal y como le exigía la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos.

Pese a mojarse la pólvora de la vía penal, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) propinó un serio varapalo al ex presidente andaluz justo un año después, en enero de 2011, ordenando al Consejo de Gobierno abrir expediente al ahora vicepresidente tercero del Ejecutivo. La sentencia del Contencioso-administrativo calificó de «arbitrario e injustificado» el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se dio carpetazo al caso «ab initio», es decir, sin intención investigadora alguna de las posibles irregularidades. La Junta ignoró la sentencia del TSJA, evitó abrir el expediente y ha recurrido el caso ante el Tribunal Supremo.

Los otros hermanos
Además de Leonardo Chaves y Antonio José, otros tres hermanos del vicepresidente tercero del Gobierno tienen o han tenido vinculación con la Administración andaluza.
Según publicó «Libertad Digital», Francisco Javier Chaves, con los servicios generales de la RTVA; Carlos María, como coordinador de seguridad en la Consejería de Justicia de la Junta; y Rosa María, que trabaja en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).