Ofensiva del PP contra el Gobierno por el desvío de fondos en la SGAE

Para ello, en la sesión de control que el Congreso celebra el próximo miércoles, el PP quiere interpelar a Rubalcaba, como máximo responsable de la coordinación de un Ejecutivo cuyo papel respecto a la SGAE debe a su juicio aclararse tras la detención de sus principales directivos acusados de una trama de desvío de fondos.

La portavoz del grupo parlamentario popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado en rueda de prensa que si el Gobierno "hubiera ejecutado sus competencias de vigilancia con el mismo ardor con el que mantuvo el canon, quizá la historia hubiera sido otra".

Y es que el PP recrimina al Ejecutivo que no haya cumplido la disposición incluida en la Ley de Economía Sostenible que obligaba a revisar el llamado "canon digital"antes del pasado 6 de junio.

La portavoz asegura que no lo hace por "intereses partidistas"del vicepresidente y candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Por ello, además de la interpelación urgente, el grupo popular lleva a debate al pleno del martes una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a suprimir el canon digital y sustituirlo por otras fórmulas "menos arbitrarias e indiscriminadas"y "más justas y equitativas"para remunerar la propiedad intelectual.

Amistades
Sáenz de Santamaría no ha querido especular sobre hipotéticas relaciones de amistad de Rubalcaba con el presidente de la SGAE, Teddy Bautista, pero sí ha dejado claro que con quien no tiene amistad este directivo es con el PP, contra el que siempre "ha arremetido"por exigir la supresión del canon.

En cuanto a los departamentos que según el grupo popular están obligados a dar explicaciones respecto a la SGAE no solamente figura la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, sino también el Ministerio de Industria, la Vicepresidencia Segunda y la Vicepresidencia Tercera, por diversos motivos.

En el caso de Industria, ha apuntado que el auto dictado por el juez que investiga las supuestas irregularidades en la gestión de la SGAE revela en una conversación telefónica que la entidad SDAE debe dos millones de euros al Ministerio.

De la Vicepresidencia Tercera, el PP esgrime un informe sobre la falta de transparencia y posibles irregularidades en la SGAE elaborado en su día por la Agencia de Calidad de los Servicios.

Y respecto a la Vicepresidencia Segunda, recuerda la portavoz del grupo popular que la Comisión Nacional de la Competencia denunció en su día "actuaciones monopolísticas"en la entidad.

Al verse afectados diversos ministerios, el PP entiende que quien debe ofrecer explicaciones parlamentarias es el encargado de la coordinación dentro del Gobierno, es decir, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Reacciones del PSOE
Por su parte, el ministro de Fomento, José Blanco, ha "recomendado"al PP "tranquilidad y sosiego"con la candidatura de Alfredo Pérez Rubalcaba a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales, con la que "se ponen muy nerviosos e inquietos"y ha lamentado que pidan su "dimisión por todo", en referencia a las críticas sobre la investigación de la SGAE. A su juicio, "si el PP quiere decir que no se debiera investigar en la SGAE, que lo diga, pero responsabilizar al ministro del Interior porque se investigue la comisión de un delito es para nota, a no ser que el PP quisiera que se ocultara, en cuyo caso podría decirlo".

Paralelamente, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha recordado hoy que el Estado no tiene competencias en la "vigilancia y supervisión"de las entidades de gestión de derechos como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tras la investigación sobre un supuesto desvío de fondos en esta entidad.

Caamaño ha respondido así a las acusaciones del PP señalando que si bien la Ley de Propiedad Intelectual determina que el Ministerio de Cultura tiene algunas competencias de inspección sobre sociedades como la SGAE, una sentencia del Alto Tribunal dictó que ese artículo "era contrario al órgano constitucional de competencias".

"Es bueno que todos sepamos que hay una ley, pero también que después hubo una sentencia del Constitucional que ha colocado las cosas en términos distintos", ha añadido el ministro.

En referencia a la investigación abierta, Caamaño ha pedido respeto a la presunción de inocencia de los imputados pero también para el trabajo de jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

"Dejemos que lleven a cabo sus investigaciones en el esclarecimiento de los hechos y si alguien ha cometido un delito que se aplique a la ley", ha concluido.