El juez pide la imputación de Castedo por cohecho en el caso Brugal

Valencia/ALicante- Dos años después de que del caso Brugal se desprendiese una rama para investigar la tramitación y aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, el juez ha solicitado la imputación de la alcaldesa de esta ciudad, Sonia Castedo, y de su antecesor, Luis Díaz Alperi. Por su condición de aforados, ambos son diputados de Les Corts, el caso debe pasar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El magistrado instructor será Juan Climent.

El juez, Manrique Tejada, ve en Castedo y Alperi indicios de delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. Especifica que en la actual fase, la de instrucción, no se puede concretar el tipo de cohecho, pero todo apunta a que este delito pueda darse como consecuencia de la «percepción y/o solicitud de dádivas por parte de Castedo y Alperi al facilitar información que no debía ser pública del PGOU». En su razonamiento el juez añade que «incluso procedieron a modificar el mismo prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado».

En el escrito se incluye una transcripción de una grabación telefónica en la que Castedo, que era edil de Urbanismo, le dijo al constructor y promotor Ortiz que le habían «apañado lo del Rico Pérez».

En este caso hay imputadas otras 16 personas, entre ellos, Ortiz y su mujer, el redactor del PGOU, Jesús Quesada, el hermano de Castedo y dos exdirectores generales de Bancaja.
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, aseguró ayer que cuando pueda declarar ante el juez se demostrará que las «imputaciones son falsas» y lamentó que en los últimos dos años haya sufrido una «condena mediática».

Recordó que hasta ahora no ha tenido la oportunidad de explicarse ante el juez. «Yo doy la cara, diré la verdad y con documentos, los mismos que ni la Fiscalía ni el Juzgado han tenido en consideración». Sobre dejar su cargo o su escaño, ni palabra.

Fabra no puede maniobrar
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha destituido a los miembros del Consell sobre los que pesa una imputación. Sin embargo, en el caso de los diputados, el acta les pertenece. Es el Comité de Derechos y Garantías del PP quien debe actuar.