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El veto electoral de Berzosa
En los tiempos que corren, parece lógico que todos los centros dependientes de la Complutense puedan ejercer su derecho a voto. Sin embargo y a pesar de no tener un papel determinante en las elecciones de la institución, los estudiantes de los centros adscritos se ven privados de la posibilidad de votar en sus centros docentes y se les obliga a desplazarse al Rectorado para ello
El equipo de Berzosa dificulta así el uso de su derecho constitucional a estudiantes que, para poder hacerlo, a menudo tienen que sufrir los atascos propios de la capital y con la consiguiente pérdida de horas lectivas.
Así lo han hecho saber los seis candidatos al cargo de rector, que, a través de sus delegados, acordaron realizar una petición a la Junta Electoral de la UCM (JEC) para facilitar el derecho de sufragio a los grupos afectados de la comunidad universitaria. De forma injustificada, el PDI de áreas sanitarias que desarrollan su labor en alguno de los Hospitales universitarios, también debe desplazarse a la Facultad de Medicina para votar, por lo que obstaculiza sus funciones profesionales. De esta forma indirectamente se les hace optar entre la prestación eficaz del servicio público que desempeñan o el derecho de sufragio activo.
La respuesta a esta solicitud fue inmediata por parte del Rectorado. El secretario general de la UCM, Julio V. García, firmó el pasado 25 de febrero sin ninguna explicación «el rechazo de la solicitud de instalación de una mesa electoral en cada uno de los hospitales universitarios y en todos y cada uno de los centros adscritos a esta Universidad, excepto el Centro María Cristina de El Escorial y el Centro Felipe II de Aranjuez».
El 2 de marzo, ante la negativa de la JEC los candidatos decidieron recurrir por entender que «estamos ante un acto nulo de pleno derecho» y que «resulta verdaderamente doloroso el desprecio que el secretario general manifiesta ante los médicos y ante los estudiantes matriculados en centros adscritos». De la misma forma, los solicitantes hacen constar su deseo de que «la JEC proceda conforme al Derecho y reconsidere su resolución».
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