Freno a los países en desarrollo por Héctor R Torres

La Organización Mundial de Comercio y las negociaciones globales sobre cambio climático enfrentan desafíos comparables. Tanto una como las otras necesitan tener en cuenta diferentes niveles de desarrollo y adjudicarles obligaciones que sean acordes. Hasta la jerga es similar: «Responsabilidad común pero diferenciada» en las conversaciones sobre cambio climático y «especiales y diferenciales» en la OMC. De la misma manera, la clásica división norte-sur que da forma a estas negociaciones recuerda la era en que «norte» era sinónimo de «rico» y «sur» era la versión taquigráfica para referirse a quienes no se podían permitir jugar con las mismas reglas. El mundo ha cambiado drásticamente desde entonces, y en las negociaciones sobre cambio climático hoy se acepta que algunos países en desarrollo van a tener que implementar reducciones de emisiones en 2020.

La OMC está un paso atrasada. Basándose exclusivamente en su propia autoevaluación, cualquier miembro puede declararse «en desarrollo» y permanecer en esa categoría, lo que automáticamente le da derecho a los beneficios de un trato «especial y diferencial». Eso se traduce en derogaciones de reglas generales y en periodos más prolongados para introducir reducciones arancelarias menos ambiciosas. Adjudicar una «responsabilidad común pero diferenciada» para el cambio climático se trata, esencialmente, de asignar costes de mitigación entre países responsables de acumulaciones de CO2 y aquellos responsables de los flujos actuales de CO2. En la OMC, el desafío no tiene que ver con la medición, sino con nivelar el campo de juego para asegurar una competencia «justa» y una distribución equitativa de los costes a corto plazo de la liberalización comercial. Imponer obligaciones comerciales «más livianas» a los países en desarrollo tiene sentido, porque abrir los mercados a la competencia implica que algunas industrias no competitivas pueden desaparecer antes de que la economía esté en condiciones de reabsorber el capital y la mano de obra desplazada. Los países en desarrollo por lo general carecen de los recursos fiscales necesarios para facilitar la transición, de modo que reciben más tiempo para adaptarse, así como objetivos menos ambiciosos. La mayoría de la gente acepta la necesidad de brindarles un trato especial y diferencial a los países en desarrollo. Pero ¿por cuánto tiempo deberían recibirlo? El proceso de «desarrollo» es, por definición, dinámico, de manera que la deferencia debe ser temporal. Sin embargo, por más obvio que pueda parecer, la OMC todavía necesita reconocer la naturaleza provisional del trato especial. La OMC tiene 157 miembros, de los cuales sólo 35 son países «desarrollados», mientras que 122 son países «en desarrollo» (que incluyen grandes economías de mercados emergentes). No existen criterios de graduación ni reglas para decir cuándo se le puede retirar el trato diferencial a un miembro de la OMC. No sorprende, entonces, que ningún país de ingresos medios alguna vez haya sentido la necesidad de renunciar a sus beneficios. Esta situación es aún más remarcable considerando que los países con una mayor necesidad de apoyo, la categoría «menos desarrollados», pueden quedar fuera de esa categoría cuando su ingreso per cápita supera un cierto umbral. En consecuencia, surgieron varios agrupamientos nuevos de países dentro de la categoría más amplia de países «en desarrollo» para que pueda existir un trato más acorde.

En los últimos 10 años, mientras la OMC llevaba a cabo negociaciones multilaterales conocidas como la Agenda de Desarrollo de Doha, la dinámica de la economía global hizo que la inconsistencia de «en desarrollo» se volviera aún más evidente. En 2001, menos de la mitad del crecimiento económico global era atribuible a «países en desarrollo», entre ellos China, India, Brasil y otros. Hoy en día, estos países representan casi el 80% del crecimiento global. De la misma manera, el desempleo hoy es superior en los países de la OCDE que en los países en desarrollo (8,6% versus 6%); el déficit fiscal promedio en las economías avanzadas es tres veces superior al de las economías «en desarrollo» (6,7% del PBI versus 2,6%); y sus necesidades totales de financiación (pago del vencimiento de la deuda más déficit presupuestario) en 2012 son cuatro veces más que las de las economías de mercados emergentes (27,7% del PIB versus 7,7%). ¿Estas cifras significan que las grandes economías de mercados emergentes están en condiciones de renunciar al menos a parte de los beneficios de un trato especial y diferencial? La respuesta no tiene por qué ser blanco o negro. La competitividad no es necesariamente uniforme en todas las industrias (por ejemplo, una economía de mercado emergente puede ser muy competitiva en agricultura pero no en industria) y grandes segmentos de las poblaciones de las economías de mercados emergentes todavía viven en la pobreza. Sin embargo, cada vez resulta más difícil sostener que todos los países en desarrollo merecen contar con el beneficio de un derecho casi absoluto a prescindir de las obligaciones generales de la OMC.

Varios países «en desarrollo» de la OMC hoy son acreedores netos, prestan cantidades importantes de dinero al Tesoro de Estados Unidos y son cortejados por países europeos en apremios financieros. En el FMI, sostienen con éxito que su creciente peso económico les debería dar derecho a mayores cuotas y más votos, y en las negociaciones sobre cambio climático aceptaron con justa razón que tendrán que asumir compromisos de reducción.
Todo esto debería ser motivo de celebración, y el sistema de comercio multilateral merece parte del crédito. Pero la OMC también necesita tener en cuenta condiciones y etapas de desarrollo divergentes. Dar cabida a la realidad reforzaría el trato especial y diferencial ya que les brindaría beneficios más significativos a los países que más los necesitan.

Héctor R. Torres
Ex director ejecutivo del FMI y actual asesor en la OMC
Copyright: Project Syndicate, 2012.
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