Parlamento Regional

El PP quitará a los diputados el complemento especial

Presentará esta semana la iniciativa, pero no la incluirá en la negociación del Pacto de Toledo como quiere UPyD

La Razón
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MADRID- La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, registrará esta semana la proposición no de ley para eliminar los privilegios de los parlamentarios anunciada el sábado por Rajoy en la convención de su partido. El objetivo es que la Mesa de la Cámara la califique el martes 1 de febrero para acelerar todo lo posible su debate en Pleno.
La proposición no de ley tendrá un enunciado general en el que se instará al órgano rector del Congreso a realizar las modificaciones pertinentes para eliminar el régimen especial de complementos del que se pueden beneficiar los parlamentarios nacionales con haber ocupado un escaño 7 años. A partir de 11 años como diputado o senador, el actual régimen les reconoce el derecho a un complemento hasta llegar al cien por cien de la pensión máxima. En la práctica, esta prerrogativa se ha utilizado en menos de un centenar de ocasiones desde que empezó la democracia.

Mismas condiciones
Si sale adelante la iniciativa popular, y una vez que se modifique el acuerdo que regula el citado régimen de complementos, todos los diputados y senadores, sin excepción, estarán sometidos al régimen general de pensiones que rige para el resto de ciudadanos. Eso sí, la propuesta de los populares no tendrá carácter retroactivo y dejará fuera de la modificación los beneficios ya concedidos. El presidente de la Cámara Baja, José Bono, los cifró en 70, aunque según otras cuentas podrían llegar a 80.
¿La razón? Respetar el principio de atención y protección social en el que en su día se justificó la aprobación del régimen excepcional que ahora está en discusión. Por ejemplo, no se revisará el caso de Santiago Carrillo, uno de los beneficiarios de una medida que tenía como objeto evitar que parlamentarios que habían sufrido en el pasado el exilio por razones ideológicas pudieran verse en la indigencia al terminar su vida laboral.
En lo que afecta a la discusión en liza en estos momentos, hasta las dos de la tarde de mañana Rosa Díez tiene tiempo para presentar el voto particular a las recomendaciones que el Pacto de Toledo acaba de emitir dentro del debate general sobre la reforma de pensiones. En su día anunció que barajaba utilizar esta vía para intentar eliminar estos privilegios parlamentarios. Si usa ese camino, el martes, en la Mesa del Congreso, el PP se opondrá a su iniciativa, porque considera que no se puede vincular esta reforma con el Pacto de Toledo. Los complementos no salen de las arcas de la Seguridad Social, sino que los abonan las Cortes Generales.
Si la representante de UPyD registra también una proposición no de ley, que tampoco daría tiempo a que se votara esta semana, el Partido Popular se mostrará dispuesto a hablar, pero poniendo encima de la mesa su propia propuesta. Al final también está en juego que Rosa Díez no se apunte el tanto de una iniciativa que los populares ha decidido abanderar.
El año parlamentario comenzará así con un debate que obligará a los partidos políticos a retratarse ante una cuestión con profundo impacto entre los ciudadanos.


Gobierno y PSOE no se aclaran sobre pensiones
Las pensiones de los diputados y senadores es un tema sobre el que el Gobierno y el partido que lo sustenta no parecen tener muy claro sobre cómo actuar. Así, mientras que desde el PSOE se asegura que los parlamentarios no disfrutan de «ningún privilegio», la ministra Rosa Aguilar dejaba claro que deben ser tratados exactamente igual que el resto de ciudadanos en el sistema de pensiones. Así, el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, aseguró ayer, en declaraciones a la Cadena Ser, que «no hay privilegios» en las pensiones de los parlamentarios, aunque su partido está «dispuesto a analizar» la propuesta del PP de revisión de estas remuneraciones. Sin embargo, la ministra Rosa Aguilar no dudó en afirmar que «aquellos elementos que puedan ser diferenciadores con el conjunto de la ciudadanía deben desaparecer en el marco de las reformas que se están haciendo».