Fin de ciclo en la SGAE

Todo hacía indicar que iban a ser unas elecciones diferentes en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), pues por primera vez una candidatura, la encabezada por José Miguel Fernández Sastrón, había logrado la suficiente notoriedad pública como para ofrecer una sensación de alternativa al régimen impuesto hace tres decenios por Teddy Bautista. El primer efecto fue que el voto por correo se disparó, lo que producía buenas sensaciones en las filas de la «oposición». Si en 2007 hubo 309 envíos de sufragios, en esta ocasión superaron los mil. Así que sea cual sea el resultado, el recuento estaba previsto que acabara bien entrada la madrugada, De Otra Manera, que así se llama la plataforma de Sastrón, había conseguido agitar los cimientos de la entidad, tradicionalmente anestesiados por el poder absoluto del ex miembro de Los Canarios.

El peso del audiovisual
«La participación presencial también creció muy ligeramente –aunque al cierre de esta edición aún no había cifras definitivas–, especialmente en el colegio de audiovisuales», la más ligada a la candidatura de Sastrón a través de la Academia de Televisión, un sector que hasta ahora se ha quejado de sentirse infrarrepresentada en los puestos directivos de la sociedad. En la última ocasión hubo 533 votaciones presenciales, en la que también se contabilizan las delegaciones de voto, que pueden ser hasta tres por socio. En total en las elecciones anteriores apenas ejerció su derecho poco más de un 11% del censo electoral.

Sea como fuera, los socios ya habían respaldado la labor deBautista tras haber convertido a SGAE en una de las instituciones peor consideradas por los españoles: después, la Comisión Nacional de la Competencia puso en duda sus tarifas, pero en el mismo día de las votaciones los socios se despertaron con la noticia de que la entidad estaba siendo investigada por desvío de capitales. Desde la Audiencia Nacional aseguraron a LA RAZÓN que la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la SGAE llegó al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en el primer trimestre de 2010, cuando todavía estaba al frente del mismo Baltasar Garzón. Habría sido, por tanto, este magistrado el que habría comenzado la investigación contra la entidad presidida por Teddy Bautista. Pero cuando Garzón se vio obligado a dejar la Audiencia el 14 de mayo de 2010 (tras ser suspendido por el Consejo General del Poder Judicial por la apertura de juicio oral en la causa seguida contra él por prevaricación en la investigación de los crímenes del franquismo), recogió el testigo su sustituto, Pablo Ruz, informa Ricardo Coarasa. La denuncia de Anticorrupción se habría realizado por delitos societarios (falsear las cuentas en perjuicio de los socios o de un tercero) y contra la Hacienda Pública. De hecho, lejos de las informaciones que apuntan que la investigación se encuentra en una fase embrionaria, según esas mismas fuentes, «el tema está bastante amarrado».

La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción podría haber tenido su origen en otra remitida a este organismo por la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías y de la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon. En dicha denuncia estas asociaciones acusan a la SGAE de que «el reparto de las recaudaciones de la denunciada se realiza en gran parte de forma ilegal entre sus filiales y no entre sus socios, como ordena el artículo 154 de la Ley de Propiedad Intelectual».

Según asegura la denuncia presentada a la Fiscalía Anticorrupción, «las cuentas de la SGAE evidencian la existencia de un entramado societario mantenido con fines claramente lucrativos (prohibido expresamente por la Ley) en el sentido de que sus socios obtienen una serie de beneficios económicos y comerciales como directivos de aquellas empresas». Es decir, según estas asociaciones, algunos directivos de la entidad podrían estarse lucrando a través de terceras empresas de las que ellos mismos son titulares y a las que la SGAE les encarga diferentes proyectos con cargo a la entidad. «Estas actividades y servicios se han estado contratando y remunerando de forma directa a sus propios directivos a través de las empresas filiales que precisamente y a tal efecto éstos han creado o dirigen. «Todo ello en conjunto –añade la denuncia–, presenta como algo más que una posibilidad el enriquecimiento injusto de directivos de la SGAE y la supuesta perpetración de los delitos de apropiación indebida, de estafa e, incluso, de fraude de subvenciones».

Como ejemplo de estas presuntas actividades ilícitas la denuncia cita el caso de Iberautor, «una filial de la SGAE que debe su facturación (que ha rondado entre 2002 y 2005 los 10 millones de euros anuales) fundamentalmente a SGAE, que aportó el 93 por ciento del total en 2004 y el 84 por ciento en 2005. La factura de 2005 equivale al 3,4 por ciento de todo el dinero recaudado ese año por SGAE como derechos. No se especifican las actividades de Iberautor porque, aclaran, podría "provocar perjuicios"a la sociedad. En el caso de SDAE (Sociedad Digital de Autores y Editores), el 99 por ciento de su facturación la obtiene de SGAE».

La denuncia explica también la implicación en este entramado de un directivo en concreto, José Luis Rodríguez Neri. Según aseguran estas asociaciones, «Microgénesis es una empresa de carácter lucrativo ajena en apariencia a la SGAE (...). D. José Luis Rodríguez Neri es director de Gestión de la Información de la SGAE y también director general de la SDAE (...). Que Microgénesis ha estado dirigida también por D. José Luis Rodríguez Neri y coinciden, además, entre sus directivos otros de SDAE como Rafael Ramos Díaz o Eva García Pombo».

La Junta Directiva resultante, independientemente de por quién esté formada, no podrá obviar estas acusaciones. Una vez roto el monocolor, pues hasta ahora las listas opositoras apenas habían conseguido colar miembros en su junta directiva, resultará más fácil solicitar una auditoría externa que permita saber exactamente cuál ha sido el comportamiento de las finanzas de la sociedad. También será inevitable revisar el proyecto Arteria, dado el programa de Sastrón y la tradicional reticencia de los editores, que cuentan con ocho miembros. Arteria ha sido el proyecto estrella de Bautista durante los últimos años con la construcción de una serie de nuevos teatros a costa de los presupuestos de la entidad a uno y otro lado del Atlántico. Como denunció ayer este diario, buena parte del presupuesto para estas obras, que han consolidado las aspiraciones faraónicas de Bautista, se debían a los derechos no identificados de la entidad, es decir, aquellos derechos no reclamados por nadie porque no se saben quiénes son los autores o por estar mal identificados.

Desde 1993 esta bolsa ha aumentado 125 veces, mientras que los ingresos apenas se multiplicaron por tres. De esta manera, se pone en duda la eficiencia de la maquinaria de Bautista, su principal argumento durante todos los años. Además, la expansión proyectada por la red, que podría incluir, entre otros, hacerse cargo del Palacio de la Música, en la Gran Vía madrileña, donde la red cuenta en la actualidad con otros dos locales, el Coliseum y el Lope de Vega.

El otro «agujero»: los 7,5 millones del Arteria de Sevilla
Independientemente de lo que decida la Fiscalía Anticorrupción sobre el supuesto falseamiento de las cuentas de la entidad, Bautista tendrá que enfrentarse también a las acusaciones de desvío de fondos por valor de 7,5 millones de euros del Arteria Hispalis, el teatro que la sociedad de gestión está construyendo en Sevilla. El pasado mayo se conoció el abandono del proyecto de Santiago Fajardo, el que había sido el arquitecto de cabecera de la entidad en los últimos veinte años. Según él mismo confirmó, se negó a firmar más ampliaciones de presupuesto destinadas a equipamiento del edificio hasta que no le dejaran acceder a la memoria económica. Fajardo denuncia que este tipo de movimientos extraños empezaron a producirse desde la llegada al proyecto de Emilio Cabrera, primo de Bautista, que propició la contratación de Gerens Hill International. «Este tipo de gestorías permiten segmentar las obras y ahí es más fácil que se produzcan los desvíos», comenta una persona cercana al estudio. Al final, una obra civil que apenas estaba presupuestada en cuatro millones de euros tuvo un sobrecoste de esos 7,5 millones. Bautista deberá responder ante las tres querellas interpuestas por Fajardo.