La Fiscalía acorrala a los responsables de accidentes mortales

Los conductores temerarios deberán andarse con cuidado. Desde ayer, aquellos que provoquen un accidente de tráfico en el que haya víctimas mortales o heridos graves serán imputados por homicidio imprudente o lesiones. De este modo, un siniestro en el que se encuentre implicada una persona que condujese a más de 150 kilómetros por hora, con una tasa de alcoholemia superior a la permitida, que circulara mientras hablaba por el teléfono móvil o que no respetase la distancia de seguridad podría cumplir penas de prisión. Éstas oscilarán entre los tres meses y tres años, en caso de lesiones graves –daños medulares y cerebrales– y entre uno y cuatro años en caso de fallecimiento de terceras personas.

En los casos de accidentes provocados por una imprudencia grave, la respuesta de los fiscales y la Policía Judicial será pedir el ingreso en prisión inmediato, el decomiso del coche y la intervención del permiso de conducir, ha comentado el Fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, que ha insistido en que la respuesta para evitar todo ello es la prevención.

Esta nueva medida pretende dar una respuesta penal y asistencial inmediata a las víctimas de accidentes, y es el resultado de un acuerdo establecido entre las policías judiciales de tráfico estatales (ATGC) y autonómicas. El propio fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial ha señalado que «actuará con la Ley en la mano para proteger a la mayor parte de los conductores, que sí respetan las normas de circulación». Ayer mismo se conocía que una jueza de Pamplona condenaba a un año de cárcel por un delito de homicidio imprudente y a tres meses de prisión por un delito de lesiones imprudentes a un hombre que conducía a más de 180 kilómetros y golpeó a otro vehículo cuyo conductor falleció y cuyo ocupante resultó herido.

Las reacciones a esta nueva normativa no se han hecho esperar. El presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes de Tráfico (DIA), Francisco Canes, se ha mostrado muy crítico, ya que «la Fiscalía lo ha presentado como una novedad, cuando realmente esta medida debería haber estado vigente desde hace muchísimo tiempo».