Educación

La Ley de Autoridad del Docente en la recta final para su aprobación

Sotoca asegura que en unos meses se remitirá a la Asamblea

La Ley de Autoridad del Docente en la recta final para su aprobación
La Ley de Autoridad del Docente en la recta final para su aprobaciónlarazon

Murcia- El consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, confía en que «en un plazo de cuatro a cinco meses» la Ley de Autoridad Docente pueda estar preparada para remitirla a la Asamblea Regional al objeto de su aprobación.
En concreto, el anteproyecto de esta ley pasó ya por la Mesa Sectorial de Educación, la Comisión de Directores de Primaria y la de Directores de Secundaria y la Mesa de la Concertada; órganos todos ellos que informaron favorablemente.
Tras este trámite, ésta semana se remitió al Consejo Escolar de la Región de Murcia, y por último, el siguiente paso será el Consejo Jurídico. Así, una vez que emitan sus informes, el Consejo de Gobierno aprobará el inicio de su tramitación parlamentaria.
Cabe resaltar, que se trata de un procedimiento «ordinario» en el caso de esta ley, aunque no obligatorio. Y es que, desde el primer momento, fue voluntad de Sotoca que esta ley contara con la participación de toda la comunidad educativa y así poder enriquecerla. De hecho, según se precisó, «serán más de 25.000 los docentes que estén afectados por la atribución de autoridad conforme a la ley y que impartan cualquier tipo de enseñanza no universitaria de las recogidas en la LOE».
«Esta Ley de Autoridad Docente, que era una de las prioridades de esta legislatura, responde a una demanda de la sociedad murciana que reconoce el importante papel que están jugando los docentes en la Región y la necesidad de apostar por un adecuado clima de convivencia y respeto en las aulas», puntualizó el titular de Educación.
Precisamente, los objetivos de esta ley son reforzar el papel social que tiene ante la comunidad educativa el docente en el desempeño de sus funciones, haciendo valer su figura como parte esencial de ese proceso de aprendizaje y de desarrollo personal del alumno, con responsabilidad y autoridad para garantizarlo, así como establecer la protección jurídica que se deriva de dicha atribución al considerarlo como autoridad pública».