El anticipo electoral provoca un gasto en campaña de 85 millones

BARCELONA– La democracia es cara y la campaña electoral lo ejemplifica a la perfección. Cada cuatro años, el pueblo recupera el poder de decisión para escoger quién debe gobernar y, por tanto, las formaciones se ponen en marcha para explicar sus ofertas electorales, un proceso que es inevitablemente costoso (8,5 millones en esta convocatoria). Cada cuatro años, por tanto, regresan los anuncios televisivos, las vallas publicitarias, las cuñas radiofónicas y los envíos postales de propaganda electoral. ¿Cada cuatro? En realidad no siempre es cada cuatro, ya que los presidentes –los autonómicos (no todos) y los del Gobierno– tienen la potestad de anticipar las elecciones, que es lo que ha hecho Artur Mas este año.

Después de 21 meses al frente de la Generalitat, Mas dinamitó la legislatura con el pretexto de buscar una renovada legitimidad para lograr un estado propio para Cataluña. Jamás una legislatura había sido tan corta y, por tanto, jamás habían regresado tan pronto los carteles electorales a las farolas de las calles catalanas. Los partidos no han tenido otro remedio que ajustar sus gastos electorales, pero la cifra total alcanzará los 8,5 millones.

CiU será, una vez más, la formación que más dinero se gaste en esta campaña (3.037.000 euros); el PSC invertirá 2.161.000 euros; el PP 1.950.000 euros; ICV y ERC 500.000 euros y Ciutadans 200.000 euros. Todos las formaciones han reducido su presupuesto de campaña para hacer gala de que no son ajenas a los recortes presupuestarios que han experimentado la mayor parte de empresas y administraciones públicas.

En realidad, el coste de todo el proceso electoral es mucho mayor porque no sólo hay que computar el gasto de campaña de los partidos, sino también el desembolso que implica pagar la compensación a los ciudadanos que participan en las mesas electorales, así como las horas extras de los agentes de seguridad y la maquinaria propia de cada elección. La suma de todas estas partidas lleva el coste a una cifra aproximada de 25 millones de euros. Es el precio de la llamada fiesta de la democracia.