Seis años de inhabilitación para el político que gaste sin presupuesto

MADRID-El Consejo de Ministros dará hoy luz verde al proyecto legislativo que promete terminar con el secreto y la opacidad de las Administraciones Públicas y que incluirá un nuevo delito para poner cerco al mal gestor, de tal manera que a partir de ahora «no se vaya de rositas aquel que deja la hacienda vacía», según explican fuentes del Gobierno. La redacción definitiva del anteproyecto de Ley del Buen Gobierno y de la Transparencia se conocerá esta mañana, si bien ayer se trabajaba con la idea de penalizar hasta con seis años de inhabilitación a aquel cargo público que ordene pagos o reconozca obligaciones sin crédito autorizado –nada que ver con la deuda o con el déficit–. La malversación de fondos públicos ya es delito, pero el Gobierno quiere que también reciba un castigo el ministro, presidente autonómico, consejero, concejal o alcalde, por poner un ejemplo, que contraiga gastos sin haberlos presupuestado antes y que acumule facturas en el cajón sin tener dinero para pagarlas.

La herencia está ahí: el Gobierno acaba de activar un crédito extraordinario de 35.000 millones de euros, en un préstamo sindicaDo con la banca, para que las comunidades y los ayuntamientos afloren las facturas impagadas que acumulan desde hace años; algunas son del inicio de la crisis. Esta situación ha llevado al cierre de sus empresas a miles de autónomos y pymes. Y pese al coste económico de esa mala gestión, falta ponerle rostro a los responsables directos de una política de gasto a manos rotas o simplemente dirigida electoralmente a dar contento a sus ciudadanos midiendo sólo la rentabilidad política inmediata.

El proyecto estrella de la Vicepresidencia para este periodo de sesiones aspira –dicen en Moncloa– a acercar a España a algunos de los países de nuestro entorno con una política de apertura institucional más ejemplar. La promesa es que se acabó la burocracia, la opacidad y el silencio administrativo que ha servido para encubrir las prácticas políticas vergonzantes que hoy están bajo juicio en los tribunales y ante la opinión pública. Es decir, que esta transparencia debería terminar, eso dice la teoría, con los contratos irregulares y sin fiscalización, con las subvenciones sin control y con la financiación de informes y trabajos que nunca se realizan.

Como adelantó el pasado miércoles este periódico, la norma acabará con el velo que todavía hoy sigue acompañando a algunos gastos corrientes administrativos. Traducido de la teoría a la práctica supone que, si hay petición formal, Moncloa o el departamento afectado estarán obligados a dar información detallada sobre el coste de viajes del presidente o de un ministro; de sus delegaciones; del gasto en cuestiones de protocolo... También serán públicos todos los contratos, las subvenciones o los convenios, así como el estado de cada proyecto legislativo.

La Ley de Transparencia regulará la publicidad activa de la Administración y también el derecho de los ciudadanos a acceder a la información elaborada por las administraciones en el ejercicio de sus funciones públicas. Y afectará a todos, al Estado, por supuesto, pero también a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Y a la actividad sujeta al derecho administrativo de los demás poderes del Estado, del Legislativo y del Judicial.

Los ciudadanos podrán hacer aportaciones al texto que se someterá a una audiencia a través de las webs institucionales del Gobierno. Además, en el ámbito de la Administración General del Estado se creará un portal de la transparencia que servirá para difundir la información y dar respuesta a las solicitudes recibidas. Falta saber qué le ocurrirá a quien incumpla este código de buenas prácticas.

El Gobierno sostiene que el objetivo es introducir un nuevo derecho en el ordenamiento jurídico, el que tiene el ciudadano a recibir cualquier información de interés público, con los únicos límites de la privacidad de los datos personales que afecten a terceras personas privadas o a la seguridad pública. Una promesa de regeneración que viene de lejos y con la que el Gobierno de Rajoy contesta a las malas praxis en la gestión pública que han degenerado en corrupción o en un despilfarro que hipoteca a las generaciones futuras.

Una web para el derecho a saber
La web «tuderechoasaber.es» permite desde ayer a los ciudadanos solicitar información a cualquier institución pública y medir en el futuro el cumplimiento de las obligaciones que recogerá la Ley de Transparencia. Esta web enviará las solicitudes de sus usuarios a la Administración adecuada para cada gestión y avisará al solicitante cuando se produzca una respuesta y se publique.