ANÁLISIS: Y ahora qué hacemos con el botellón

Lo más grave e irremediable de todo lo que rodeó al «macrobotellón» del Charco de la Pava es que un joven de 24 años perdió la vida mientras únicamente trataba de divertirse. La verdadera tragedia es ésa, pero como tristemente la Ley y las autoridades a veces necesitan un drama para adoptar medidas que la ciudadanía reclama a gritos, no estaría de más que quien corresponda recoja el guante. De hecho, ya en 1998 la muerte de Alejandro Méndez –en el conocido como «crimen de la movida»– generó un gran debate que propició, entre otras cosas, el desarrollo de la ley antibotellón y el vallado de los Jardines de Murillo, donde fue apuñalado el joven.

- Consentir lo prohibido. Y es que muchos parecen haber olvidado que consumir alcohol en la calle es ilegal desde 2006, y por lo tanto el Ayuntamiento no debería consentir fiestas masivas como la del viernes día 25 de marzo, sino disolverlas y sancionar a los participantes. El problema radica en que la conocida como ley antibotellón también establece que corresponde a los municipios fijar las zonas «en las que pueden desarrollarse actividades de ocio, así como las condiciones que hayan de cumplir para garantizar el normal desenvolvimiento de la convivencia ciudadana». Es decir, que deben habilitar un recinto en el que los jóvenes puedan beber sin molestar a los vecinos, una empresa en la que Alfredo Sánchez Monteseirín lleva fracasando desde hace diez años. Así se ha encargado de recordarlo el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, si bien también se ha apresurado a indicar que resulta «muy difícil» que las administraciones –sean cuales sean– puedan evitar que se produzcan peleas.

- Sin «botellódromo». En el año 2000, el alcalde encargó a su entonces delegada de Juventud, la ahora «mandamás socialista» Susana Díaz, la creación de la Ciudad del Ocio. Una década después, el popular «botellódromo» ha pasado por diferentes denominaciones a cual más surrealista –Ciudad Delicias, Edén de Sevilla, Seviocio...–, aunque todas con el mismo éxito: ninguno. Ahora, el proyecto se ha retrasado al menos un año más. Ante la ausencia de un lugar «oficial», la actitud del Ayuntamiento es consentir la aglomeración de jóvenes en los terrenos del Charco de la Pava –precisamente donde está planificada su construcción– para evitar que se dispersen por otras zonas y así tenerlos controlados.

- Policía desbordada. Ocurre, no obstante, que los medios con los que cuenta la Policía Local son muy limitados y así sucede que un dispositivo formado en el mejor de los casos por 30 agentes –el Sppme los reduce a 18– debe poner orden en más de 6.000 jóvenes, la mayor parte de ellos con varias copas encima. Mientras en Sevilla la autoridad se limitaba a cortar la calle y tratar de que la cosa no se desmadrara, en Málaga el mismo día fueron sancionadas 100 personas –de las 5.000 presentes que desbordaron las previsiones– con una multa de 300 euros. Insinuar que la falta de seguridad fue decisiva para la muerte de Francisco Javier sólo es comprensible por el dolor de una madre, pero atestiguar que el Gobierno local hace la vista gorda ante una actividad ilegal es una triste realidad.