Más del 90% de los ayuntamientos incumple la normativa

La normativa, que sólo tiene siete meses de vigencia, no se cumple y los impagos o retrasos en la liquidación de las facturas siguen provocando despidos, cierres de empresas, así como una aplastante pérdida de la competitividad. Según una encuesta elaborada por la plataforma, los efectos de la morosidad en el terreno económico-financiero han supuesto, en el pasado ejercicio, que dos tercios de las empresas registraran pérdidas, problemas de tesorería o un aumento del endeudamiento con las entidades bancarias.

Asimismo, la plataforma ratifica que son las administraciones públicas las que más dilatan el plazo de sus pagos a los proveedores y lo atribuye a «la cultura de la dilación en el pago existente», así como a la lentitud de la vía judicial en las reclamaciones de las empresas. Y es que, si bien la nueva normativa determina los plazos de pago para el presente 2011 y para los dos próximos años, en la actualidad el número de días que tarda la Administración en pagar a sus proveedores y a las empresas con las que trabaja o colabora duplica el periodo establecido.

En orden con el nuevo marco regulatorio, y para la reducción de los plazos de pago, las Administraciones Públicas sólo dispondrían de 30 días para liquidar las facturas, mientras que las empresas y en operaciones privadas, la legislación permitiría que se contara con 60 días. En teoría se eliminó así la posibilidad de que las partes pactaran un plazo de pago mayor al estipulado, pero la normativa sigue sin cumplirse.