Los grupos de izquierda quieren que el Congreso se sume a la huelga

La izquierda parlamentaria quiere que la huelga general del próximo día 29 sea un éxito dentro y fuera del Congreso. Y más allá de que haya diputados –que los habrá– que decidan sumarse a la convocatoria de los sindicatos en protesta por la reforma laboral, intentan que sea el propio legislativo quien suspenda la actividad parlamentaria de ese miércoles de dentro de dos semanas. Primero fue IU-ICV, después ERC y ahora NaBai quienes han hecho pública su intención de dirigirse a los órganos de gobierno de la Cámara Baja para que se suspenda toda actividad ese día. Su propuesta, que será defendida mañana ante la Junta de Portavoces, consiste en que el pleno del 29 –sesión de control al Gobierno incluida– se traslade al día anterior o posterior de la protesta, y permitir así la asistencia a la misma a aquellos diputados que quieran secundar el paro.

Lo cierto es que los diputados que así lo deseen pueden secundar el paro el mismo día que el resto de los trabajadores. Sólo tienen que comunicarlo a los servicios jurídicos de la Cámara, y éstos tomar nota para descontárselo, como a todo trabajador, de la nómina.

Sin embargo, la propuesta impulsada por Gaspar Llamazares sólo habla de parar la actividad del Congreso, algo que la izquierda ya intentó el pasado 8 de junio con motivo de la huelga de funcionarios, con escaso éxito. Aquel día pidieron que la Cámara Baja aplazara el debate de los puntos del orden día que coincidían con esa fecha, pero su petición cayó en saco roto. Fue entonces cuando tanto Llamazares como su compañero de grupo parlamentario, Joan Herrera (ICV), se declararon en servicios mínimos en su actividad parlamentaria como muestra de apoyo a los escasos funcionarios que secundaron el paro entonces convocado por la rebaja salarial de los empleados públicos aprobada el pasado mayo por el Gobierno. Llamazares y Herrera, que durante aquel día lucieron en la solapa de sus chaquetas una pegatina del «Sí a la huelga», sólo participaron en los debates del pleno de aquella jornada que tenían que ver con la crisis económica.

El paro de aquel 8 de junio se recordará más por los servicios mínimos que se autopropusieron sendos grupos que por el seguimiento de los empleados públicos del Congreso, donde el seguimiento fue mínimo, ya que sólo un 3,92 por ciento de los funcionarios secundó la protesta (de los 459 trabajadores de la Cámara Baja, únicamente 18 decidieron quedarse en casa). La actividad parlamentaria fue entonces completamente normal, y de hecho todas las reuniones se celebraron sin ninguna incidencia ni en pleno ni en comisión. La Cámara fijó entonces unos servicios mínimos del 35 por ciento, entre asesores, ujieres, administativos, taquígrafos, personal de mantenimiento y letrados.

En la Junta de Portavoces
La izquierda estima, sin embargo, que el seguimiento del 29 puede ser mayor, primero porque «el malestar de los ciudadanos con este Gobierno ha ido en aumento» y segundo, habrá que ver cómo afecta a otros servicios de la Cámara, cuyos trabajadores no son funcionarios. En todo caso, la propuesta de la izquierda que se debatirá el martes en la Junta de Portavoces no tiene muchos visos de salir adelante. Fuentes de la dirección del PSOE aseguran que votarán en contra, y que sólo si el paro es mayoritariamente secundado e interfiere en la actividad de la Cámara, se decidiría sobre la marcha otra hoja de ruta. La misma posición defenderá la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría. Su grupo votará «no» igual que votó en junio contra la misma propuesta de la izquierda . «Respetaremos el derecho individual de hacer huelga quien lo desee, pero no apoyaremos que el Congreso pare su actividad legislativa», ha asegurado la popular en declaraciones a este periódico.