Tirar del «manta»

Alos «manteros», como a los toreros, la fortuna les sonríe de forma desigual según caigan en Cataluña o en cualquier otra plaza de la España plural. La unidad de mercado se resiente incluso en el menudeo de la copia pirata y lo que es legal en Villarriba puede estar penado severamente en Villabajo. En esta esquizofrenia legal se mueven desde hace días los ejércitos del «manta», esas decenas de miles de subsaharianos que patean infatigables las playas, desde Algeciras hasta Creus, así caigan chuzos de punta o abrase el sol de mediodía, cargados como mulas con toda la clase de mercaderías que pueda engolosinar a la indolente tribu de los veraneantes. La semana pasada se corrió la voz de que en algunos municipios catalanes habían «legalizado» la venta de DVD piratas y demás género de imitación, licencia que a Joan Saura le pareció muy bien y muy de izquierdas. Por el contrario, a los «botiguers» y a los vendedores ambulantes, con cuyos impuestos se paga el sueldo de Saura, les parece muy mal y les molesta costear de sus bolsillos las expansiones progresistas del conseller. Aunque les preocupa mucho más que pueda producirse una avalancha de «top manta» hacia Cataluña en busca de un clima legal más acogedor. Pese a lo que sostiene Saura, la actitud de la progresía hacia los «manta» es tan tormentosa como con los impuestos, que tan de izquierdas es bajarlos como subirlos. De hecho, ahora mismo hay unos cien inmigrantes encarcelados por vender películas pirata porque el Gobierno socialista no ha movido un músculo en estos seis años para cambiar una legislación absurda, desproporcionada y ofensiva para todo el mundo salvo para la SGAE, que la apoya ardorosamente. Con la ley vigente en la mano, al «manta» le pueden caer hasta dos años de cárcel por vender una película española, lo cual debería estar más premiado que perseguido. De hecho, desde 2004 han pasado por prisión cerca de 600 «manteros» sin que los cimientos de la izquierda se hayan conmovido. Por supuesto, tampoco ha protestado el Sindicato del Espectáculo ante tal desmesura; por el contrario, han alentado las campañas del Gobierno en cines y vallas para expulsarlos de la calle, no sea que les arañen la caja registradora. Es verdad que el problema no tiene fácil solución, pero hay dos límites que jamás se deberían traspasar: el del sentido común, metiendo entre rejas a quien lucha por sobrevivir; y el del fraude, legalizando una actividad que en realidad sólo beneficia a las mafias de la piratería y la falsificación.