No todo vale

La pasada semana, la Sala Primera del Tribunal Constitucional declaraba por primera vez «ilegítimo» el uso de cámaras ocultas en el ámbito periodístico y aseguraba que su utilización está constitucionalmente prohibida al margen de la relevancia pública del objeto de investigación. El Alto Tribunal aseguraba en su sentencia que este método de grabación mediante dispositivo oculto «se basa en un ardid o engaño que el periodista despliega simulando una identidad oportuna según el contexto».

El texto del Supremo «no discute que el reportaje fuera plenamente veraz ni tampoco el interés general en informar de los riesgos del intrusismo profesional, pero estima que tales datos no eran suficientes para resolver el conflicto entre el derecho a la intimidad y la libertad de información». Asimismo, se dice que «el material obtenido y difundido públicamente carecía de la relevancia necesaria para justificar el sacrificio de un derecho fundamental imprescindible en la vida de relación, y que el método utilizado para consumar la primera fase de la intromisión –la llamada cámara oculta– no era imprescindible para descubrir la verdad de lo que acontecía en la consulta de la actora, habiendo bastado a tal efecto con realizar entrevistas a sus clientes».

No son pocas las voces del sector periodístico que se han alzado contra esta sentencia, como es el caso de Elsa González, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que ha advertido de que la sentencia «afecta de forma muy grave» al periodismo de investigación que en el pasado ha destapado escándalos de corrupción, casos de trata de mujeres o sobornos.

Sin embargo, la restricción al uso de cámaras ocultas, ¿afecta realmente al periodismo como tal o sólo a éste entendido como espectáculo televisivo?, ¿en qué medida los informadores debemos estar por encima de la ley y creer que todo vale con tal de obtener una exclusiva? Porque, si una grabación realizada sin orden judicial no vale como prueba ante un juez, ¿sí que vale si esa grabación se ha hecho por un periodista sin permiso ninguno?, ¿estamos por encima de la Ley?

Bien es cierto que se han destapado escándalos gracias a las grabaciones realizadas a través de cámara oculta, pero no lo es menos que el trabajo de un periodista es contar la verdad, descubrir lo que ocurre, y para ello, una grabación puede servir de prueba, pero no es imprescindible su emisión. ¿O acaso se puede negar que el hecho de emitir una grabación de este tipo no tiene como objetivo aumentar la audiencia y alimentar cierto tipo de televisión? No tiene el mismo morbo contar la verdad que emitir esas declaraciones rodeadas de una supuesta «labor de investigación». ¿Es que antes de la aparición de este fenómeno no se descubrían escándalos o se llegaba al fondo de los asuntos? Huyamos de efectismos y dediquémonos a hacer bien nuestro trabajo sin argucias de feriante. La verdad nunca ha necesitado de cámaras ocultas.

Y es que, como explica Miguel Ángel Quintana Paz, profesor de Ética y Deontología de la Comunicación en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, «queremos tener periodistas, pero sólo porque pensamos que sus informaciones nos podrán hacer en ocasiones más felices, en ocasiones más libres; a veces, ellos mismos, con su infatigable amor por la verdad, nos serán un modelo bien estimulante. Las cámaras ocultas, como hemos visto, suelen ayudar bien poco en cualquiera de estos tres sentidos; y prácticamente siempre atentan gravemente contra uno o más de ellos. Pocas dudas éticas a propósito de cuán desdeñables son nos han de caber, pues».