Japón entona el «mea culpa»

El accidente nuclear de Fukushima, el más grave desde Chernobil, fue fruto de una cadena de incompetencias y graves errores humanos. Ésta es la conclusión central de un durísimo informe elaborado por un grupo de diez expertos comisionados por el Parlamento nipón y presentado ayer en Tokio. En sus 641páginas, que recogen y analizan las opiniones de 1.167 personas relacionadas con la crisis, se ofrece una versión distinta a la que ha prevalecido desde que se desencadenó la tragedia. «Aunque los detonantes fueron dos cataclismos (el gran terremoto y el tsunami), el accidente nuclear de Fukushima no puede ser considerado un desastre natural. Fue un desastre de origen totalmente humano que pudo haberse evitado y prevenido a tiempo», explica en el preámbulo del informe el jefe de la comisión, Kiyoshi Kurosawa, ex presidente del Consejo Científico de Japón. El informe habla de «multitud de errores» y «lamentables negligencias» provocadas por la «connivencia entre el Gobierno, los reguladores y la compañía eléctrica Tepco», no sólo en las horas iniciales del accidente, sino también en años precedentes. La comisión es especialmente dura con los directivos de Tepco que «actuaron por interés propio», a pesar de que «eran conscientes desde 2006 del riesgo de un apagón total en la planta de Fukushima Daiichi si un tsunami alcanzaba el lugar», así como de la posibilidad de daños en el núcleo de los reactores. En un sorprendente ejercicio de autocrítica patria, Kurosawa concluye también que parte de la culpa radica en la mentalidad japonesa. «Lo que este informe no puede mostrar del todo, especialmente ante la audiencia global, es la mentalidad que sustentó tanta negligencia. Es muy doloroso, pero tenemos que admitir que fue un desastre ‘Made in Japan' (…) cuyas causas se encuentran enraizadas en la cultura japonesa: nuestra obediencia irreflexiva, nuestra reluctancia a cuestionar la autoridad, nuestra devoción a seguir el protocolo, nuestro gregarismo y nuestro aislamiento». Otra crítica que se extiende por las páginas del informe es la suficiencia e ineptitud con la que Tepco evaluó el desastre en un primer momento, descartando los peores escenarios. Se trata de una crítica que podría hacerse extensible a otros expertos y miembros de lobbies pro nucleares de todo el mundo, quienes minimizaron el problema desde el principio, dando por «imposibles» situaciones que acabaron viviéndose días después.

En este sentido, la comisión considera «imperdonable la ignorancia y arrogancia de cualquier persona u organización que trate con energía nuclear. Hemos encontrado un desconocimiento de las tendencias mundiales y un desprecio por la seguridad pública». Las revelaciones, además, vienen a confirmar lo dicho por el ex primer ministro japonés, Naoto Kan, en su primera entrevista tras abandonar el cargo. El político admitió entonces que la situación no estaba tan controlada como se hizo entender a la población, que la catástrofe podría haber sido mucho peor y desveló que en su despacho se barajaron planes para evacuar Tokio, algo que no se hizo porque no era logísticamente viable. «Hoy podría no haber nadie en Tokio y residuos radiactivos decenas de veces superiores a los de Chernobil se podrían haber dispersado», dijo al diario «Asahi».

El informe ofrece, además, muchos detalles técnicos que contradicen la versión oficial. Por ejemplo, en contra de lo que se dijo, algunos ingenieros concluyen que habría sido el terremoto y no el tsunami el causante de la principal avería. Este detalle tiene una enorme trascendencia en el contexto político japonés, ya que el Gobierno acaba de poner en funcionamiento dos de las plantas nucleares desconectadas tras la crisis, al considerarlas inmunes a cualquier tipo de catástrofe natural. La actitud de los principales líderes de Tepco y del Gobierno japonés también es duramente criticada por los expertos del estudio, especialmente su insistencia en tomar decisiones y ponerse al frente de situaciones para las que no están preparados, ni tienen conocimientos suficientes. Una actitud que «creó confusión» e «incrementó el problema en las primeras fases del accidente». Los problemas, concluye la investigación, fueron más estructurales, de sistema y protocolo que achacables a errores puntuales de individuos. El texto dedica también unas páginas a denunciar la situación de los cerca de 150.000 residentes del área afectada, quienes «siguen sufriendo los efectos del accidente», ya que afrontan «graves preocupaciones, incluida la exposición a la radiación y los efectos sobre su salud, la evacuación de sus hogares, la separación de sus familias...». El estudio asegura que el Gobierno japonés y los reguladores no cumplieron su tarea de «proteger la salud pública», así como tampoco de «devolver el bienestar» a los afectados.