Ministerio de Justicia

El Govern pide medidas contra un juez que critica abusos con el catalán

La Generalitat tiene en su punto de mira al titular del juzgado número 1 contencioso-administrativo de Lleida, José María Aristóteles Magán, quien cargó en una de sus resoluciones contra el uso del catalán en un proceso que afectaba a un recurrente de la comunidad de Madrid.

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El juez vio como una «descortesía» de la Generalitat y como «una deliberada falta de respeto y de la mínima educación» el empeño de la administración autonómica por cobrar una multa de tráfico a un ciudadano de Madrid usando el catalán en los juzgados. La consellera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, se comunicó por carta hace dos semanas con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, para instarle a tomar medidas contra este juez que criticó la obsesión de la Generalitat con el catalán. «Lamentablemente, es bastante habitual en esta administración regional, que parece incapaz de dirigirse a los administrados en la lengua oficial por ellos escogida», sostuvo. Según la consellera, el magistrado demostró con sus consideraciones una «grave» falta de respecto «hacia la institución de la Generalitat y hacia la lengua catalana».

Fuentes del TSJC explicaron que, de hecho, el Alto Tribunal catalán ya tenía una investigación abierta sobre José María Aristóteles Magán porque ya había recibido «otras quejas». La sala de gobierno del TSCJ estudió esta semana el asunto, pero todavía no ha llegado a ninguna conclusión. Conviene recordar que el TSJC no tiene el poder de sancionar a los jueces, ya que el único órgano competente para hacerlo es el Consejo General del Poder Judicial, a quien puede elevar la polémica. La Audiencia de Lleida, por su parte, ya se ha puesto en contacto con el CGPJ porque el juez puso en duda la solvencia de la Generalitat para devolver el importe de una multa en el caso de que fuera anulada judicialmente, según informó el diario «Segre».

El juez Magán siempre se ha caracterizado por utilizar el castellano en todas sus sentencias porque así le amparan las leyes en vigor. No hace mucho criticó abiertamente a la Generalitat por amonestar a sus letrados al no usar el catalán en uno de sus procesos judiciales. Lo cierto es que la Generalitat trabaja con el objetivo de incrementar la redacción de sentencias en catalán. Según los datos que maneja la consellera Fernández Bozal, «desde la justicia testimonial que se hacía en catalán los años 90 –en que había un 1,25 por ciento de las sentencias en catalán– con el Plan de normalización lingüística se pasó, del año 2000 al año 2004, a una situación bien diferente, que llevó el número de sentencias de un 1,25 a un 20 por ciento». Sin embargo, según Fernández Bozal, este porcentaje se situó en el año 2009 en un 15,96 por ciento.

Potenciar la lengua catalana
La titular de Justicia se comprometió poco después de tomar posesión del cargo a usar «todos los medios necesarios» para promocionar el catalán y enfatizó que la conselleria de Cultura ha firmado acuerdos con notarios, registradores, despachos de abogados y procuradores que intentan potenciar el uso del catalán dentro de la justicia. Lo mismo se hace, según explicó, con los jueces. No son las únicas iniciativas que se plantea el departamento de Justicia, que está decidido a que el catalán deje de ser una lengua minoritaria en el ámbito de los tribunales.

Una polémica a rebufo del fallo del Estatut

¿Qué estableció el Tribunal Constitucional en cuanto a lengua?
–El Estatut consagraba el catalán como lengua de uso «preferente» en todas las administraciones, pero el Tribunal Constitucional impidió dar esta consideración a la lengua catalana porque entraba en colisión con la Constitución. Así las cosas, los magistrados no tienen la obligación de usar el catalán ni a los ciudadanos se les puede impedir ser administrados en castellano.

¿El catalán es un mérito en la carrera judicial?
–La Generalitat ha querido convertir el catalán en mérito determinante para obtener plazas en la carrera judicial, pero la doctrina de los Altos Tribunales se ha opuesto a esta aspiración, aunque la administración autonómica siempre ha premiado el aprendizaje del catalán incluso con dinero.

¿El catalán es requisito para acceder a los cuerpos de la administración de justicia en Cataluña?
–No, pero poseer conocimientos acreditados de lengua catalana se valora «específica y singularmente» dependiendo de la plaza a que se aspira. El redactado del Estatut exige de una forma poco concreta un conocimiento adecuado de las dos lenguas oficiales.

¿Qué intenta la Generalitat?
–Consciente de que las sentencias de la justicia en catalán son minoritarias, la Generalitat intenta potenciarlas para normalizar la presencia de la lengua catalana en los juzgados.