Derecho a una educación libre

La Ley de Igualdad de Trato, tal y como pretendía el Gobierno, ha dado de lleno en los colegios de educación diferenciada, cuyo futuro está lleno de incógnitas si se lleva a cabo la eliminación de las subvenciones. Además de causar un enorme prejuicio económico a las familias afectadas –se calcula que la eliminación de las subvenciones supondrá para éstas alrededor de 300 millones de euros al año–, también supondrá una sustanciosa pérdida en la calidad de la enseñanza. Según un estudio de la patronal de la enseñanza privada, en los colegios públicos la media del fracaso escolar está cifrada en el 30%, mientras en los centros de educación diferenciada baja algo más de veinte puntos, puesto que el fracaso escolar sólo afecta a entre el 5% y el 8% de los alumnos. En el mes de marzo pasado los Consejos Escolares autonómicos y del Estado certificaron las virtudes de la educación diferenciada a partir de un estudio del rendimiento escolar por sexos, con la conclusión de que los varones tienen más dificultades que las mujeres para pasar de curso, acumulan más suspensos y abandonan antes el sistema educativo. Sólo un ejemplo: a los 15 años, el 48% de los chicos no está en el curso que les corresponde –eso significa que han repetido uno o dos años– y el 35% termina la ESO sin el título.

Incluso se está detectando un comportamiento muy distinto entre las chicas que van a un colegio mixto y a los que van a uno de educación diferenciada. En el primero, las jóvenes optan por estudios que les permitan acceder a trabajos con menos exigencias laborales y prestigio social, mientras que las chicas que estudian en un centro de educación concertada sus inquietudes laborales pasan por puestos de más responsabilidad, relevancia y liderazgo social. Si el Gobierno consigue consumar el proyecto de ley de igualdad de trato que ha impulsado Leire Pajín habrá cometido un grave error ya que se va a diezmar un modelo educativo que está demostrando ser el más competitivo para nuestros niños y jóvenes de cara a su futuro. No se puede legislar a golpe de sectarismo ideológico y de teorías supuestamente progresistas que sólo van a traer consigo un importante retroceso educativo. Es necesario subrayar, en contra de lo que dice el Ejecutivo, que la educación diferenciada no es sinónimo de educación segregada, como pretenden hacernos creer, por el hecho de separar a los chicos de las chicas. Esta separación no tiene que ver con ningún criterio político o religioso como pregonan inconscientemente algunos. Sí que responde a la necesidad de que se obtenga el rendimiento más óptimo en los estudios. Que se respeten y se potencien las particularidades de los chicos, su ritmo y su nivel de exigencia, y lo mismo en el caso de las chicas, que en muchas ocasiones ven cómo no alcanzan todos sus objetivos lastradas por las aparentes limitaciones del conjunto de sus compañeros. Hurtar a los padres de la posibilidad de que sus hijos estudien en un colegio de educación diferenciada concertado es un atropello a su derecho de elegir y pone aún más en cuarentena nuestro deficiente sistema educativo.