El aspirante a alcalde en el juzgado

Ya es conocido por todos el «buen ojo» que tiene Tomás Gómez para elegir a su equipo y que no le tiembla el pulso a la hora de colocar en cargos relevantes del partido a políticos imputados. Su candidato para la alcaldía de San Fernando de Henares, el socialista Manuel González Rojo –al que apoya hoy en un acto público en la localidad– es otro de ellos. González, en la actualidad primer teniente de alcalde y delegado del Área de promoción y Gestión del Suelo Público y Vivienda, está imputado junto con el alcalde de la localidad, Julio Setién (IU) y su antecesora, Montserrat Muñoz (IU), por los delitos de prevaricación, fraude y malversación de fondos públicos en relación a la adjudicación y construcción de 154 viviendas.

Se trata del «caso DICO», que está siendo investigada por la Justicia y que se remonta cinco años atrás. En marzo de 2005, cuando IU gobernaba con mayoría absoluta, se adjudicó la construcción de 154 viviendas y una plaza interior en la parcela Echeveste a la empresa DICO, a pesar del informe negativo del arquitecto redactor del proyecto. Éste manifestó que la obra era irrealizable a ese precio (demasiado barato) y en el consejo de administración convocado en la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) tanto PP como PSOE votaron en contra. Se da la circunstancia de que el portavoz del PSOE en ese momento –que se opuso a esta adjudicación– era Manuel González, el ahora candidato a la alcaldía de San Fernando. Seis meses después, desde la EMV comunican que el proyecto se encarece un 20 por ciento más debido a un «imprevisto»: en la parcela va una parada de Metro que dificulta la obra. Sin embargo, hacía casi un año que la Comunidad había fijado la futura parada del suburbano en esa parcela. En aquel momento, Manuel González llegó a decir que ese encarecimiento del 20 por ciento «era meterles la mano en el bolsillo a los vecinos de San Fernando».

En mayo de 2007, IU pierde la mayoría absoluta en el Ayuntamiento y tiene que gobernar con el apoyo del PSOE. Casualidades de la vida, González asume el Área de Gestión Pública del Suelo y la Vivienda, de la que depende la EMV. Dos meses más tarde, él mismo –que había dicho que ese 20 por ciento más era «un robo»– incrementa en otro 40 por ciento el presupuesto para que la constructora avance (ya va un 60 por ciento más del presupuesto inicial). El imprevisto ahora es la rotura de un colector que había inundado el terreno. En enero de 2009, vuelven a convocar un consejo de administración urgente en el que se informa que DICO dejaba la obra y que se le devolvía más de un millón de euros. Al día siguiente, la constructora presenta un concurso de acreedores y asume la obra Corsán Corviám, que entrega las viviendas este verano sin luz ni agua.

El PP de la localidad denunció estas presuntas irregularidades en marzo de 2009. El caso se archivó pero el pasado martes el Juzgado número 6 de Coslada ordenó de nuevo la reapertura del caso. El día 19 comienzan las declaraciones.