Sevilla

Empleados de Torrespapel se encierran en una subdelegación de la Junta

La Razón
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SEVILLA- Una treintena de ex trabajadores de Torraspapel comenzaron ayer un encierro en la sede de la Subdelegación de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar para exigir el cumplimiento de las promesas que en su día les realizó la Administración autonómica tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que provocó el cierre de la planta algecireña.
Según explicó en declaraciones a los periodistas el portavoz de los trabajadores, Antonio Delgado, desde hace 29 meses esperan ayudas económicas, correspondientes a las becas y cursos de formación que comenzaron cuando se aprobó el ERE. La intención de los trabajadores es permanecer en el encierro hasta el día 24, según aseguró Delgado, quien llevaba, al igual que todos los afectados, una camiseta que están vendiendo a tres euros para recaudar fondos en la que se puede ver el lema «Griñán las promesas se cumplen».
Delgado entiende que la situación que están soportando «es responsabilidad de la Junta», recordando que cuando se produjo el cambio de presidente en San Telmo, desde la Administración «se nos dijo que los compromisos adquiridos se cumplirían».
El portavoz de los trabajadores hace referencia al proceso de reindustrialización que desembocaría en la llegada del Grupo Alonso, empresa valenciana del sector logístico, que sigue esperando los trámites para culminar la operación de compra de los terrenos de la antigua papelera.
Por otro lado, los trabajadores del centro de Teleperformance en el centro comercial Los Arcos de Sevilla mantuvieron también ayer una reunión con la empresa para negociar el expediente de regulación de empleo (ERE), tras decidirlo así en un referéndum que se celebró este pasado miércoles.
Fuentes sindicales señalaron que el «sí» por la negociación fue «aplastante», por lo que se sentaron a negociar con la compañía, que ha propuesto un ERE para 275 trabajadores. Una cifra que los empleados de la empresa consideran «desproporcionada», por lo que ofrecieron alternativas como la reducción voluntaria e incentivada de las jornadas laborales.
Asimismo, recordaron que la documentación relativa al ERE aún no ha sido entregada a la autoridad laboral competente, si bien apuntaron que la misma la podría aprobar por causas económicas.