Cuando Azaña tomó la República

Robadas durante la guerra y recuperadas hace dos años, las memorias del presidente Niceto Alcalá-Zamora acusan al líder de la izquierda de dar un «golpe de Estado parlamentario»«Asalto a la república»Niceto Alcalá-ZamoraLa esfera de los libros520 páginas. 23,90 euros

el adiós Alcalá-Zamora abandona el Congreso el 7 de abril de 1936, tras ser destituido como presidente de la República
el adiós Alcalá-Zamora abandona el Congreso el 7 de abril de 1936, tras ser destituido como presidente de la República

«Me acerco a la lucha sin optimismos ilusos, previendo magnas dificultades, esperando amarguras e injusticias , viendo desatinos mortales y suicidas, por todos lados, por todos casi sin excepción. Me queda la tranquilidad de cumplir con mi deber y de hacer cuanto puedo, que naturalmente no alcanza a curar milagrosamente contra su propia furia epiléptica a un país enfermo crónico secular y gravísimo del mal horrendo de la guerra civil». Estas palabras las escribió Niceto Alcalá-Zamora el 15 de febrero de 1936, un día antes de celebrarse en España elecciones presidenciales. Faltaban cinco meses para la contienda, pero había cosas que ya se veían venir. Como el «golpe de estado parlamentario» –así lo definió el propio presidente– con el que sería destituido el 7 de abril de ese año, urdido por Manuel Azaña e Indalecio Prieto. Lo sabemos ahora con detalle gracias a sus memorias, perdidas hace siete décadas y recuperadas en 2009. El historiador Jorge Fernández-Coppel ha logrado reunirlas y editarlas en tres volúmenes editados por La Esfera de los Libros. El primero de ellos, titulado «Asalto a la República», abarca sus dietarios de enero a abril de 1936: los del periodo 1932-1935 no han aparecido; Fernández-Coppel tiene esperanzas e intuiciones sobre dónde podrían estar... pero ésa es otra historia. Lo que se recuperó, material suficiente, dibuja ante nuestros ojos a un personaje fundamental, el que fuera presidente de la II República desde 1931 hasta su controvertida destitución, un hombre cabal, honrado y moderado en sus juicios, que en todo momento trató de equilibrar el juego entre izquierdas y derechas para evitar la hecatombe.

El controvertido Artículo 81
Para entender la destitución de Alcalá-Zamora hay que comprender el contexto de aquellos días y su pasado reciente: Alcalá-Zamora había disuelto las Cortes en 1931, 1933 y en 1936 por tercera vez, aunque las primeras fueran constituyentes; el Frente Popular consideraba que, con el Artículo 81 de la Constitución en la mano, eso era motivo de cese. «Ante todo lo que preocupa a la mayoría, singularmente a Azaña y Prieto es empujarme a la dimisión», se lamenta en sus notas del 27 de marzo de 1936.

Y sabía ya cómo ocurriría: «El plan será, o es ya, una proposición violentísima, como el debate a cargo del tribuno socialista, con la esperanza de que, al marcharme yo asqueado, obtenga él la jefatura del Gobierno y sea Azaña el presidente de la República». Se equivocó en poco, excepto en que, tras el «golpe de Estado parlamentario», consumado un mes después, el propio Prieto no supo ver que sería sobrepasado por su rival interno, Largo Caballero. En sus notas de marzo, el presidente dice incluso ser consciente de la «humillación» de tener pinchados por el Gobierno el teléfono oficial y el de su casa. «Azaña es un personaje al que los historiadores debemos estudiar», cuenta Fernández-Coppel: «Le delatan sus memorias: es un hombre muy inteligente pero soberbio, maligno. Antepone sus intereses a los de la propia República».

El odio de Gil Robles
La derecha también buscaba la caída de Alcalá-Zamora: Gil Robles y la CEDA no perdonaban que el presidente no les hubiera permitido gobernar a pesar de ser la fuerza más votada en 1935. ¿Tuvo por eso parte de culpa de lo que estaba por llegar el propio Alcalá-Zamora? «No cabe duda que se equivoca, en vista a los resultados», explica Fernández-Coppel, pero matiza: «Hubo dos razones para que Alcalá-Zamora no permitiera a la CEDA formar Gobierno. La primera, es que, si en 1934 había habido un conato de revolución contra la propia República que había causado más de mil muertos. Había partidos extremos, de pistolas y revolución soviética, amparados por muchos intelectuales de la izquierda. Y fue porque se iban a nombrar a tres ministros pertenecientes a la CEDA. Imagínate lo que podría pasar si se nombra un Gobierno completo. La segunda causa es que él consideraba que Gil Robles todavía no había demostrado su adhesión a la República». Y añade sobre el dirigente: «Gil Robles: pierde la cordura. Piensa que es una injusticia de tal calibre que su objetivo es atacar al presidente de la República, en vez de fortalecerse para prepararse para las elecciones de febrero de 1936». Con esa obsesión, Gil Robles «dirige su campaña a destruir al presidente de la República. Y la izquierda, como siempre, callada, fortaleciéndose para saltar a la yugular».

El Frente Popular tenía, explica Fernández-Coppel, otro motivo para buscar la cabeza del presidente: «Alcalá-Zamora pide constantemente que hay que cambiar la ley electoral, como sea. La izquierda sabe perfectamente que eso le va a perjudicar». Llegado el 16 de febrero de 1936, recuerda el historiador, «el hecho relevante es que ese día los colegios electorales se cierran a las cuatro de la tarde. El conteo es lento, y la izquierda no va a consentir que haya un proceso posterior democrático. Esa misma noche se lanzan a la calle con banderas comunistas y pistolas al cinto, y tratan de sacar de la cárcel modelo a los presos de 1934. Hacen una presión tan terrible que el Gobierno de Portela se viene abajo y los gobernadores civiles huyen de sus puestos.
Los que estaban con las pistolas ocupan sus puestos entonces y se llevan las urnas. Ése es el gran fraude, no el número en sí de diputados». Incluso se crea una Comisión de Actas: «El ministro de Trabajo le dice a Alcalá-Zamora que el 50% de las actas de diputados están falsificadas. Aun así, el número de votos es casi el mismo: 4.363.000 para la izquierda por 4.155.000 para la derecha y 556.000 para el centro», recuerda el historiador. Además, «no existe un traspaso democrático de poderes: Azaña se hace con el poder a los tres días y corta de raíz todo».

En ese contexto, no sorprenden temores como los del 19 de febrero: «Paralelamente a estos desmanes [se refiere a incendios y saqueos de ayuntamientos y tierras] fue creciendo el rumor de un gople de Estado militar que los reprimiera, señalándose como cabezas del mismo a Goded y Franco, y como los oficiales más inquietos y peligrosos, a los aviadores de Cuatro Vientos».

Era un panorama político negro para sí mismo. «Es consciente de que haga lo que haga, le van a caer por todos lados. Es un país de envidias y él es un hombre moderado, que no quiere nada para sí, con dinero, y totalmente identificado con la República», cuenta el historiador. Tanto que rechaza el 8 de abril una propuesta de los militares para «en respuesta al golpe de Estado de la Cámara, yo, sin el poder legislativo, firme un decreto destituyendo al Gobierno de Azaña y dé así más fuerza moral a su decidida y firme intervención». Alcalá-zamora se niega con «cortesía» y «firmeza». Con o sin él, las cartas estaban echadas.

Los dos siguientes volúmenes son completamente diferentes. El segundo es «más romántico»: el final de la dictadura de Primo de Rivera, la de Berenguer, cómo se forma el Pacto de San Sebastián y la llegada de la República. En el tercer volumen están sus memorias plenas, que se centran en su etapa como ministro de Alfonso XIII hasta la dictadura de Primo de Rivera.

 

El detalle
TRES ROBOS Y UNA OPERACIÓN DE PELÍCULA

Historiador vocacional con numerosos libros publicados –el más reciente, sobre el Alcázar de Toledo, y ya trabaja en otro sobre Queipo de Llano– y comandante de vuelos comerciales, Jorge Fernández-Coppel explica en el libro lo que llama los «tres robos» de las memorias de Alcalá-Zamora: el primero, cuando fueron sustraídas de Banco Credit Lyonnais de Madrid en 1936 por las milicias republicanas. El segundo, cuando, con las tropas valencianas en desbandada en marzo de 1939, un soldado se las llevó. Las heredó su hijo, un arquitecto que en 2008 se puso en contacto con Fernández-Coppel y César Vidal para vendérselas. Conscientes de la ilegalidad de la transacción, contactaron con la Guardia Civil, que las recuperó en una operación «de película» tras citarse Fernández-Coppel con el arquitecto y su esposa en un restaurante. Y entonces llegó el tercer robo, «el más miserable e inesperado»: el Gobierno de Zapatero, a través del director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco, en vez de devolvérselas a la familia del ex presidente, trató de quedárselas, aunque al final hubo de ceder.