La Junta seguirá eligiendo «a dedo» a los directores de las nuevas agencias

Sevilla-El Gobierno andaluz ofreció ayer nuevos datos del cambio en la Ley de Administración de la Junta que el PSOE llevará al último Pleno del año en el Parlamento para reservar un número de direcciones generales a funcionarios de carrera: la medida no afectará a las direcciones gerencias de las nuevas agencias públicas empresariales creadas al amparo de la Ley de reordenación del sector público .

Al término de la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Presidencia y portavoz, Mar Moreno, explicó que en el caso de las agencias «se va a ser flexible dada la especialidad que suelen tener todas ellas». Y apuntó que en algunos casos esos puestos serán «perfectamente viables en el perfil del funcionario público y otros no». Es decir, que no se modificará la Ley de Reordenación del Sector Público. El artículo 2 de la Disposición Adicional Quinta del texto señala en relación al personal directivo de las agencias que «los puestos de trabajo que tengan asignadas tareas de dirección que estén relacionadas con el ejercicio de potestades públicas serán desempeñados, en todo caso, por personal directivo que tenga la condición de funcionario de carrera o por quienes sean nombrados por el Consejo de Gobierno como gerentes o jefes de personal de las agencias». Es decir, «a dedo».

Los cambios propuestos por el partido que sustenta al Ejecutivo andaluz serán testimoniales. Moreno, de hecho, señaló que «ya hay muchos funcionarios de carrera ocupando direcciones generales y puestos directivos en el organigrama de la Junta de Andalucía».

Por tanto, las prisas de la iniciativa socialista sólo pueden entenderse como un «guiño» a los sindicatos de empleados públicos que están en desacuerdo con las últimas decisiones de la Administración andaluza. Esa rapidez se observó ayer en la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento. El PSOE-A aprobó con la abstención del PP-A y el voto en contra de IULV-CA el dictamen sobre el Proyecto de Ley por el que se eleva el mínimo exento para personas con discapacidad y se regula el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio. El problema es que «por la puerta falsa» se modificaron otras seis leyes vía enmiendas, entre ellas establecer una «reserva» para que sea posible que haya funcionarios al frente de direcciones generales –también aprobaron rebajar al 20 por ciento la imposición al juego del bingo, excluir de la Ley de Juegos y Apuestas las loterías que organiza la ONCE o introducir un ajuste en el impuesto sobre depósitos bancarios para favorecer financiación de proyectos de interés general para Andalucía–.

Estas premuras indignaron a la oposición. El PP anunció que se ha reservado la posibilidad de adoptar «cualquier tipo de actuación» a la espera del informe que han solicitado a la Mesa de la Cámara sobre la legalidad de dichas enmiendas. Si la Mesa considera que el trámite no ha sido correcto, ese «acercamiento» a los funcionarios no se materializará.

Tampoco se hará si prospera el recurso presentado por el Sindicato Andaluz de Funcionarios contra la delegación de funciones en el director gerente del SAE, persona que no es funcionario. Esta opción abriría la obligación a que en las agencias un empleado público tuviera que ejercer esas funciones.

Otra denuncia: ahora por el concurso de méritos
sevilla- El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) ha presentado los correspondientes recursos por el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de cada una de las provincias de Andalucía contra las distintas órdenes y resoluciones por las que se revocan parcialmente las bases del concurso de méritos convocado anteriormente por la Orden 2 de marzo de 2011.
Según indicó el Safja en una nota, los recursos interpuestos por este sindicato tienen su razón de ser en «la vulneración del derecho al acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, recogido en la Constitución Española». Safja
recurre esta «ilegal rebaremación» porque la Administración pretende computar en concepto de «antigüedad» los servicios prestados con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario.