Burgos

Garoña se cuela en las negociaciones entre Gobierno patronal y sindicatos

Nuevo giro en la negociación entre patronal, Gobierno y sindicatos. La energía se cuela en el marco del debate sobre el sistema de pensiones. El Ejecutivo está dispuesto a retrasar el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) para preservar los empleos que genera, a petición sindical, según afirmaron fuentes gubernamentales. 

Ramón Jáuregui, ministro de Presidencia
Ramón Jáuregui, ministro de Presidencialarazon

El ministerio de Presidencia reconoce que, en general, industria y energía se incluyen en las conversaciones. Los sindicatos plantearon este martes, en la mesa de negociación con el Gobierno y la patronal, que se retrase el cierre de la central atómica de Santa María de Garoña.

Pretenden mantener los aproximadamente 600 empleos directos y 400 indirectos que genera. Fuentes gubernamentales informaron a Europa Press de que el Ejecutivo está dispuesto a acceder a tal petición para preservar los puestos de trabajo, no porque esté reconsiderando su rechazo a la energía nuclear.

Ramón Jáuregui, titular de la Presidencia afirmó en una entrevista en el canal 24horas de TVE que la política industrial y energética, incluso la prolongación de las nucleares, "están formando parte de las conversaciones". Si este hecho "implica alguna modificación a lo que el Gobierno había podido hacer, bienvenido sea (...) todo sea por alcanzar un acuerdo", indicó.

Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo y Comercio, descartó en la cadena SER que una posible negociación sobre energía nuclear pueda afectar al cierre de la central burgalesa: "Si los sindicatos piden una revisión de la vida útil de las centrales, entiendo que se refieren a aquéllas cuyo mandato expira a partir de 2021". Garoña, en cambio, "se cerrará en 2013".

En cuanto a la ubicación del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos atómicos de alta actividad y combustible gastado, Sebastián insistió en que "se busca el máximo consenso posible". A su modo de ver, "la alternativa sería construir almacenes individuales en cada central, lo que es mucho más caro e inseguro".

¿Un acuerdo cercano?
Ramón Jáuregui confía en que el consenso se acerca. Se trataría de un pacto socialaboral de todos: "No creo que haya razón para que nadie se quede fuera", dijo el ministro en referencia al PP. A su juicio, supondría "un enorme vendaval a favor de las velas de la recuperación económica española". Esto ocurriría, sobre todo, si las negociaciones se ampliasen a los partidos. En este marco "cabe considerar que la política sobre las centrales nucleares pueda ser acordada por todos ellos".

Las fuentes gubernamentales confirmaron que el Ejecutivo ha iniciado contactos informales con los grupos parlamentarios, pero que la negociación formal no comenzará hasta el 28 de enero, cuando el Consejo de Ministros aprobará su propuesta de reforma de las pensiones, haya o no consenso con los agentes sociales.

Como Jáuregui, estas fuentes confían en que el principio de acuerdo no tarde en llegar. Esto permitiría a los representantes de empresas y de trabajadores proseguir sus conversaciones para acordar una reforma de negociación colectiva de manera bilateral. Sin embargo, el asunto del posible retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años sigue siendo un punto de desacuerdo entre las partes, a pesar de la propuesta de jubilarse a los 65 con pensión completa si se ha cotizado un mínimo de 41 años.

Los sindicatos aseguraron que no avanzarán en otros acuerdos, relacionados con energía o industria, hasta que no hayan llegado a un consenso sobre pensiones con el Ejecutivo y la CEOE. Fuentes de UGT y CC.OO declararon que ésta es la "parte medular"de la negociación y que sólo cuando termine la discusión y se aborden la negociación colectiva y las políticas activas de empleo se podrá dar paso a otros temas.

Así, negaron que el cierre de Garoña o el retraso de la clausura de las centrales se estén tratando. Aseguraron también que no hay "un supuesto pacto energético"y que, de cualquier manera, no podría abordarse sólo desde la perspectiva nuclear.

El asunto de la central burgalesa no es para UGT y CC.OO "una moneda de cambio", como tampoco lo fue el endurecimiento de las causas del despido con una indemnización de 20 días por año trabajador.