El PP propone que se inscriba a bebés que mueran al nacer

El Grupo Popular perfila una iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno a que promueva la reforma legal necesaria para que se puedan reconocer como personas en el Registro Civil a los niños sin necesidad de esperar las ahora obligadas 24 horas.

En concreto, se trataría de posibilitar así la inscripción, sin efectos jurídicos y a solicitud voluntaria de sus progenitores, de los nacidos que fallecieran antes de transcurrido ese plazo de 24 horas enteramente desprendidos del seno materno.

La propuesta está inevitablemente ligada a la controversia sobre cuándo empieza la vida humana, que se ha avivado con la nueva Ley del Aborto. De hecho, la ya ex ministra de Igualdad Bibiana Aído llegó a apelar precisamente en algunos de sus alegatos a favor de la ley de plazos a esta formalidad del siglo XIX aún vigente, y por la que teóricamente no se es persona hasta que ha vencido el citado plazo temporal, una rémora de la era de los partos con éter desde la que ya ha llovido mucho.

La idea de afrontar esta reforma legislativa no es ni siquiera una novedad del momento, aunque el debate generado en torno a la modificación de la Ley del Registro Civil la ponga de nueva en la primera línea política.

El 27 de julio de 2007 el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley denominada reforma Amada, cuyo texto literal decía: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la modificación del artículo 40 de la Ley del Registro Civil para inscribir los nacimientos desde la ruptura del cordón umbilical del nacido, sin perjuicio del artículo 30 del Código Civil y concordantes».

Actualización pendiente
Han pasado más de tres años y nada se ha hecho. Tres años en los que, según cifras del PP, más de mil parejas han tenido que enterrar a un hijo recién nacido sin poder darle su nombre, su apellidos y su nacionalidad por la negativa del legislador a afrontar la actualización pendiente.

La mayor parte de los países de nuestro entorno sí que ha adaptado ya sus legislaciones a la realidad médica y humana del siglo XXI. En Francia, tras la reforma emprendida en el año 2008, se ha llegado a permitir que se pueda inscribir al niño nacido sin vida desde las 16 semanas de gestación, permitiendo así que las mujeres que hayan dado a luz a un niño muerto puedan disponer de una mención en el Registro del Estado Civil y en el Libro de Familia, aunque el feto no adquiera personalidad jurídica. Por supuesto, es una medida simbólica, pero con una profunda carga de significado ético y moral.

Por otra parte, el magistrado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, José Luis Requero, señaló que la eficacia jurídica de la proposición no de ley presentada por el Partido Popular es prácticamente nula. Sin embargo, la considera relevante porque de lo que se trata es de «crear mentalidad», es decir, que «frente a una cultura de la muerte, se avance en una cultura de la vida».

Lo importante, aseguró al respecto el magistrado de la Audiencia Nacional, es que a los niños que fallecen antes de las veinticuatro horas desde su nacimiento no se les trate «como desechos clínicos, sino como seres humanos que no han llegado a adquirir la condición de personas a los efectos civiles».


La igualdad real de la mujer
De nuevo, esta vez al hilo de la primacía del apellido paterno, vuelve el tira y afloja entre socialistas y populares sobre quién defiende con más fiereza la igualdad real de la mujer. Los de Rajoy han elaborado un argumentario en el que presumen de datos. Destacan que hay más españolas afiliadas a su partido que al resto. Que, a nivel local, el PP es el que tiene más alcaldesas al frente de ciudades con más de 100.000 habitantes. Que, a nivel autonómico, la única presidenta de una comunidad es del PP. Y que, a nivel nacional, las mujeres ocupan los más altos puestos en la organización. El lema no puede ser más efectista: «Con el PP, más de 2.000.000 de mujeres encontraron trabajo».