El «ventilador» de la judicatura por José Clemente

Corre un intenso rumor por la Villa y Corte de este país acerca de que los relevos judiciales en la Región de Murcia están más cerca que lejos, un rumor que crece como una bola de nieve y que podría precipitar algunos cambios largamente esperados, tanto intramuros de la judicatura como fuera de ella, sustituciones que afectarían por igual a prácticamente todos sus órganos, incluida la Fiscalía del TSJ. Pero como el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es muy dado a soltar la liebre para ver cuántos galgos salen tras ella, lo que siempre se ha conocido como «globo sonda», que permite aplazar las medidas para equivocarse menos en su posterior aplicación, mucho me temo que a estas alturas ya tendrá sobre su mesa un informe pormenorizado de cómo están las cosas por esta tierra, para que los cambios que se esperan den la apariencia de gran calado aunque en realidad sólo se trate de cuatro relevos por las alturas, es decir, que lo poco parezca mucho aunque en realidad sea más bien poco. Desconozco si la apertura del año judicial en Murcia está relacionada con esas medidas próximas al caer y si la desaforada y diabólica actividad de la Fiscalía y de algunos jueces que instruyen casos de presunta corrupción urbanística han sido alertados de ello para que agilicen sus actuaciones antes de que les llegue la sustitución.

Sea como fuere no deja de ser una buena noticia que algunos casos como los que afectan a los alcaldes de Torre Pacheco y Fuente Álamo, Daniel García Madrid y María Antonia Conesa, respectivamente, se sustancien de una vez por todas y se haga justicia, que es a lo que se deben esos profesionales. Porque hacer justicia no es tener un caso abierto seis años para cerrarlo a la primera de cambio y volverlo a reabrir a veces de forma caprichosa, porque casos hay en esta Región donde muchas reaperturas sólo respondían a simples verificaciones de firmas o porque se malinterpretó un documento, pero que paga el acusado con una indefensión total, al menos, desde el punto de vista moral. Eso por no hablar de la animadversión expresa, la obediencia política debida, las actuaciones de parte o los favores prestados, que en el caso de los funcionarios de ese ámbito está tipificado como delito de prevaricación, que es por lo que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, fue expulsado de la carrera judicial. Una mala praxis judicial siempre tiene al acusado como víctima, y si encima se archiva el caso, como viene siendo habitual en esta tierra, entonces es doblemente víctima. Tampoco recordaremos las ocasiones en las que el acusado ha pasado por la «pena del telediario» para ver después como archivaban su caso, una metodología en la que el fiscal jefe, Manuel López Bernal, es docto.

Y como los maestros pirotécnicos son expertos en «mascletás», estos días se tira con pólvora de rey en todas las direcciones. No se trata sólo de García Madrid y Conesa, sino también de Cámara y Sánchez, de Samper y Alvarado, por citar unos cuantos. Ante el posible despido han cogido el «ventilador» para que al menos se les pille trabajando, no con el noble fin de promover la justicia, sino de dar la apariencia de que algo se hace, como el ministro del ramo con los cambios.