El PSOE se pliega a Montilla: el Senado debatirá la reforma del TC

Con la iniciativa, y entre otras medidas, se busca que los magistrados cuyo mandato concluya no puedan seguir en el puesto más de seis meses y que, en el caso de un Estatuto de Autonomía, el Tribunal deba dictar sentencia también en un plazo máximo de medio año. La Entesa y CiU registraron su propuesta el pasado 24 de mayo, cumpliendo así el mandato del Parlamento del Cataluña. El martes 15 de junio ha concluido el plazo para presentar alternativas y, ante la previsión de que no se registre ninguna, los portavoces aceptaron incluir el asunto en el próximo Pleno, el de la próxima semana. La portavoz de los socialistas, Carmela Silva, explicó que su grupo votará a favor en el Pleno ya que el Senado se va a limitar a discutir si toma o no en consideración la propuesta. Considera que si es aceptada a trámite, se debatirá a fondo en el Congreso. El voto a favor del PSOE en el Senado, aclaró, no significa "en ningún caso"un voto a favor también en la Cámara Baja. Carmela Silva ha explicado que la disposición de su grupo parlamentario es provocar un debate ante "el bloqueo"del PP a la renovación de los cuatro magistrados que debe elegir el Senado, que se traduce, dijo, en "insumisión a la Constitución y a las leyes". "Es una actitud incalificable", insistió. Es necesario por ello, concluyó Silva, "abrir una reflexión"y que ésta se produzca en el debate en Pleno de toma en consideración. "El único objetivo es la dilación del procedimiento y esta vez no lo van a conseguir", ha asegurado Carmela Silva. Una vez que concluya el plazo del día 29, sean candidatos quienes sean, el PSOE pedirá la convocatoria inmediata de la Comisión de Nombramientos en la que se debe elaborar una lista de cuatro nombres para su votación en el Pleno del Senado. "Ya está bien de boicotear las instituciones", sentenció la portavoz. El debate de esta proposición de ley llegará en medio del segundo intento en el Senado de renovar a los cuatro magistrados del Constitucional, cuyo mandato expiró hace dos años y medio y que no han sido sustituidos por falta de acuerdo entre el PSOE y el PP. La suma de votos de ambos partidos es imprescindible para alcanzar la mayoría de tres quintos necesaria para nombrar nuevos magistrados. Tras el rechazo de uno de los dos aspirantes propuestos por el PP, Enrique López, y de uno de los socialistas, Juan Carlos Campo, los parlamentos autonómicos que los presentaron tienen de plazo hasta el 29 de junio para ofrecer al Senado otro nombre, aunque el Partido Popular siguen defendiendo a su candidato y anuncia un recurso contra su eliminación, que todavía no ha sido registrado. Tribunal "incompetente"La proposición de ley de la Entesa y de CiU cumple con la resolución del Parlamento catalán aprobada en abril. PSC, CiU, ERC, ICV y EUiA aprobaron en el legislativo autonómico una resolución en la que instaban al TC a declararse incompetente en la sentencia del Estatut, reafirmaban la constitucionalidad de esta ley, exigían a Congreso y Senado que renueven el Tribunal y pedían reformar la ley orgánica del Constitucional para impedir la permanencia de magistrados con mandato caducado. En la proposición registrada en el Senado, se plantea que los magistrados del TC "cesarán de forma automática e inmediata"una vez que hayan transcurrido seis meses desde que caducó su mandato. El objetivo de este punto es evitar que se repita la situación actual. Además, se propone que el Tribunal Constitucional cuente con un plazo máximo de seis meses para dictar sentencia sobre los recursos presentados contra las leyes orgánicas de aprobación o las reformas de estatutos de autonomía. En caso contrario, los recursos serán desestimados. Este punto se amplía a las cuestiones de constitucionalidad. La proposición también reclama que las sentencias sobre estatutos no puedan ser interpretativas, "debiendo circunscribir su pronunciamiento a la declaración de conformidad o disconformidad con la Constitución". Además, propone que para declarar inconstitucional un estatuto o alguno de sus artículos sea necesario un total de ocho magistrados de los doce que componen el alto tribunal. Por último, añade una disposición final para que la reforma de la LOTC afecte a los recursos contra estatutos que ya estén interpuestos una vez que la nueva legislación entre en vigor, con el objetivo de que estas disposiciones afecten al Estatut de Cataluña. CiU pide coherencia a PSOE y PSC El portavoz de CiU en el Senado, Jordi Vilajoana, reclamó hoy del PSOE y del PSC "coherencia"con la defensa que hicieron del Estatuto de Autonomía de Cataluña y que acepten la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que propone su grupo y la Entesa Catalana de Progrés, no sólo su tramitación en el Senado. "Lo razonable sería que apoyaran una iniciativa que tiene como único objetivo respetar la voz del pueblo de Cataluña y tener un TC al que le sea más difícil ser bloqueado por un grupo político, ahora el PP, pero en otro momento puede ser el PSOE", reclamó el portavoz de CiU. "No hacemos esto ahora porque creamos que tenemos más fuerza parlamentaria, la fuerza nos la da una ley orgánica aprobada por el pueblo de Cataluña", aseguró preguntado por la cuestión. Si una medida así no se propuso cuando se bloqueó por primera vez la renovación del TC en el Senado, hace dos años y medio, fue porque se confiaba en la capacidad del Tribunal para dictar sentencia. "Creíamos que este TC era consciente de la importancia de este Estatuto y de respetar la voz del pueblo de Cataluña", insistió el portavoz nacionalista. Vilajoana aseguró también que este asunto es "de tanta importancia"para su formación política que no tiene que ver "con los apoyos coyunturales"que da o no al PSOE en el Congreso, ni con el contexto de presión parlamentaria al Gobierno ante las medidas contra la crisis o los próximos Presupuestos del Estado. La legitimidadJordi Vilajoana ha insistido en la petición de CiU de que no haya sentencia sobre el Estatuto catalán ahora que en el Senado se ha retomado la renovación de los cuatro magistrados. "El Tribunal Constitucional ha perdido no legalidad, pero sí legitimidad, y ahora que estamos en un proceso mayoritario para intentar lograr una solución que permita renovarlo y trabajar de forma mucho mejor, nos parecería un error. No entendería ahora una gran prisa por una sentencia que es compleja, la prueba es que han vuelto a no conseguirlo en el intento del 10 de junio", dijo. La posibilidad de una sentencia que resuelva artículo por artículo sería para Vilajoana "demencial". "¿Van a rehacer el Estatuto? Me parece demencial. Es mucho más razonable que no hagan nada y esperen a un nuevo Tribunal Constitucional", agregó. El portavoz de CiU quiso insistir en que la inexistencia de una sentencia sobre el Estatut "no crea indefensión a nadie", porque siempre cabrá recurrir ante el Alto Tribunal las leyes que lo desarrollan, como ocurre de hecho con otras normas estatutarias y entre el Estado y las Comunidades Autónomas. "Tendrán la oportunidad de denunciar las leyes. No habrá indefensión para ningún ciudadano del país que quiere que el Tribunal le proteja ante un hecho", concluyó el representante de CiU.