La inclusión de intrusos en ERE continuó tras la salida de Guerrero

SEVILLA- Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social entre 2001 y abril de 2008 no fue el único que autorizó la inclusión de falsos prejubilados en ERE financiados por la Junta de Andalucía. El consejero de Empleo, Manuel Recio, confirmó ayer que la investigación de su departamento ha detectado nuevas irregularidades a partir de 2008. «¿Cuando él ya no estaba en el cargo? No le puedo precisar –comenzó diciendo–, pero sí, hay alguna», concluyó.
En una tensa e improvisada rueda de prensa –estaba anunciado que sería hoy cuando se informara sobre las conclusiones de la investigación–, Recio confirmó que se han detectado 33 nuevos intrusos, que sumado a los 37 anteriores reconocidos por el Gobierno andaluz, elevan la cifra a 70. Se trata de personas incluidas de manera fraudulenta en ERE y que están cobrando mensualmente una póliza con cargo al Presupuesto andaluz. Esta información será remitida en los próximos días al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
Todos seguirán cobrando –incluidos los que no deberían hacerlo– «hasta que no se demuestre la culpabilidad».
Esta cantidad aumentará, ya que sólo se ha revisado la situación de 1569 trabajadores de los 6096 a los que la Consejería de Empleo les abona una póliza de rentas hasta su edad de jubilación tras acogerse a un expediente de regulación de empleo. Quedan 4.527 por analizar.
El cese de Guerrero se produjo el 29 de abril de 2008 y su sustituto, Juan Márquez Contreras, delegado provincial de Empleo en Huelva, fue nombrado en el BOJA ese mismo día. Se mantuvo en el cargo hasta abril de 2010, momento en el que llegó Daniel Alberto Rivera Gómez que, entre otras actuaciones, paralizó el ERE de 2007 de Mercasevilla. Fuentes del PSOE consultadas por este periódico aseguraron que la directriz es clara: si hay implicación de Márquez, será apartado del partido.
Pese a los intentos de la Junta y el PSOE por señalar únicamente a Guerrero, los hechos demuestran que las presuntas irregularidades en la Consejería no eran achacables únicamente a él. El propio ex director general aseguró ayer en una entrevista en El País que «los consejeros decidían las ayudas directas del fondo para empresas» y que señalarlo a él sólo como culpable era «una burrada» y que los intrusos «eran criaturas que están desempleadas».
Estas declaraciones precipitaron la respuesta de la Junta, motivo por el que avanzó los datos parciales de la investigación interna. Además, tanto el propio Griñán como Recio le restaron credibilidad al ex alto cargo calificándolo de «imputado» cuando no lo está, sólo ha declarado ante la Policía.
El consejero de Empleo defendió la actuación de sus predecesores en el cargo –José Antonio Viera y Antonio Fernández– con argumentos leves: «Han dedicado cientos de horas de trabajo al interés general de los andaluces y la credibilidad es de las personas que dicen una cosa y la mantienen en el tiempo», dijo.
Tampoco precisó qué medidas legales tomará la Junta contra las personas implicadas, ya que aún permanecen en estudio por los servicios jurídicos.

Cifras oficiales
El escándalo aumenta
- Ya hay detectados 70 casos que se han beneficiado de pólizas de manera indebida.
- Corresponden a 19 empresas de las 35 analizadas acogidas a ERE. 16 están «limpias».
- Aún quedan por revisar las pólizas de 4.527 personas en otras 35 sociedades.
- Los expedientes «vivos» son 70 y el total de beneficiarios que perciben una cantidad mensual de la Junta es de 6.096.