El Consejo Superior de Deportes sospecha del Hércules

El magistrado rechazó en primera instancia tal solicitud al entender que esas grabaciones, interceptadas dentro de la investigación del «caso Brugal» –relacionado con presuntas irregularidades en contratos de basuras en la provincia alicantina– afectarían al derecho a la intimidad de los afectados, lo que rechaza tanto el Consejo como el Ministerio Público.

La Abogacía del Estado considera del todo punto necesaria «la investigación por parte de la Administración Pública para ave- riguar si existe o no infracción administrativa muy grave». Y es que el propio juez aludía a que los hechos de que tratan las conversaciones «pudieran estar incluidos en las conductas declaradas como infracción administrativa muy grave» por la vigente Ley del Deporte y por el Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol.

Además, coinciden en que el resultado de esa investigación podría afectar a la quiniela y en consecuencia también a la financiación de la Liga Profesional de Fútbol, o, como especifica el fiscal, constituir «un fraude grave de consecuencias sociales y económicas, con posibles perjuicios para terceros, capaz de producir una quiebra en la confianza de la ciudadanía».

En esa línea, el CSD destaca que la decisión del juez tiene co- mo efecto directo el dejar «sin investigar un hecho objeto de infracción muy grave» y deja «inoperante» el «ius punendi» de la Administración y recuerda que ésta también está obligada a garantizar el secreto de las conversaciones.