Una reforma necesaria

La propuesta de reformar la Constitución para fijar el límite de déficit y el techo de deuda de las cuentas públicas centró ayer el Pleno extraordinario del Congreso y dejó en un segundo plano el debate sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para recaudar 5.000 millones de euros adicionales. Casi al mismo tiempo que Zapatero anunciaba su propósito y que Rajoy lo secundara, se abrió una cierta polémica sobre la necesidad de que esa reforma sea sometida a referéndum. Que la Constitución nos inspire un gran respeto no significa que sea intocable o que no se pueda modificar de manera ágil de acuerdo a los procedimientos previstos en su propio texto. No es la primera vez que, precisamente para incorporar mandatos de tratados internacionales, se reforma, ni será la última. La construcción europea exige la renuncia progresiva a cuotas de soberanía que debe reflejarse en el texto constitucional. Éste es el caso que ayer planteó el presidente: una reforma que se hará mediante procedimiento ordinario y exige el apoyo de los 3/5 de las Cortes; salvo que 35 diputados y 25 senadores lo soliciten, no será necesario someterla a referéndum. No conviene, por tanto, dramatizar unos cambios que vienen exigidos por los socios europeos, pero que además son positivos para España. De hecho, el Gobierno debió aceptar la propuesta que en este mismo sentido le hizo Mariano Rajoy hace un año, en vez de despreciarla con tanta displicencia como ignorancia. Nuestras cuentas públicas, empezando por las autonómicas y las municipales, no gozan de demasiado crédito en la UE desde que el actual Gobierno suprimió los límites de gasto fijados por Aznar. España necesita un plus de credibilidad y esta reforma constitucional lo proporcionará, sobre todo porque permitirá una política fiscal a salvo de las excepciones que los gobernantes nacionalistas exigen cada dos por tres al Gobierno central. Queda pendiente cómo se articulará de manera práctica la fijación del déficit y de la deuda en cuanto a vigencia temporal, porcentaje y excepciones (Alemania ha optado por un modelo, pero no es el único). La cuestión no es menor porque de su acierto depende que la acción de gobierno no quede demasiado encorsetada para reaccionar con agilidad a los ciclos económicos. Por lo demás, el debate de ayer sobre las nuevas medidas económicas puso de relieve la soledad con la que el Gobierno afronta sus últimos días, sin apoyos, sin credibilidad y sin fuelle. Que incluso el PNV le negara su voto es de gran elocuencia. Se diría que los grupos parlamentarios ponen ya más interés en las propuestas de Rajoy que en las de Zapatero, de ahí que llamara la atención el anuncio del primero de que si gana las elecciones del 20-N prolongará un año la rebaja del IVA a la compra de la vivienda nueva. Y tampoco pasó desapercibida su sugerencia al presidente socialista de que si piensa seguir adoptando medidas que condicionen al futuro Gobierno, debería consultarlas con los dos candidatos en liza electoral, lo cual es muy razonable; si Rubalcaba no se ha sumado a la petición es porque seguramente ya recibe puntual información y porque su opinión es tenida en cuenta.