Adiós a la «piratería» bienvenida la inversión

El pasado viernes, el Consejo de Ministros daba luz verde al reglamento de la ley «antipiratería». Tras dos años no exentos de debate, polémica y negociación, el Gobierno zanjaba la cuestión después de que el Ejecutivo saliente desaprovechara la oportunidad de dar el último paso necesario para su aplicación. Dicho reglamento, publicado en el BOE el pasado sábado, permitirá que la ley contra las descargas ilegales de contenidos protegidos por derechos de autor se empiece a aplicar en marzo de este año.

En el ojo de Estados Unidos
No puede resultar más pertinente la premura con la que ha actuado el Ejecutivo sobre este asunto. Precisamente, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain), que lleva alertando desde hace tiempo sobre los daños que el acelerado deterioro de los indicadores de la economía española puede acarrear, irreversiblemente, en la inversión extranjera, menciona las consecuencias de una falta de regulación en España sobre la propiedad intelectual: «El marco legal español debe ser más atractivo para la inversión extranjera en I+D+i mediante una mayor protección de la propiedad intelectual que debería equipararse a la de los países más avanzados en esta materia», extremo que, tras la citada aprobación en el Consejo de Ministros cambia de manera radical este panorama. El informe, en este aspecto, es tan claro como contundente y asegura que «la existencia de una sólida protección de la propiedad industrial e intelectual es uno de los requisitos fundamentales para que las empresas decidan invertir en un determinado país en general, y en I+D+i en particular».

Además de las recomendaciones relacionadas con el ámbito legislativo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España hace hincapié en la necesidad de actuar también desde la educación: «La protección de la propiedad intelectual debe ser una prioridad no sólo en el campo legislativo, sino también en campañas de concienciación pública, incluyendo un mayor nivel de percepción sobre este asunto por parte de la judicatura y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», reza el informe.

Estados Unidos lleva años insistiéndole a España acerca de la necesidad de reducir los niveles de «piratería» que sufre nuestra industria cultural con especial virulencia en el caso de la música, pero que cada vez es más importante también en el sector de los libros y los videojuegos. De hecho, la oficina gubernamental estadounidense para asuntos de comercio ha incluido por quinto año consecutivo a España en la «watch list» de su informe anual «Special 301» como «país que no ofrece un adecuado nivel de protección a la propiedad intelectual (e industrial) en función a su nivel de desarrollo». Este problema afecta tanto a las empresas con tecnologías o productos patentados, como a las que se basan en marcas reconocidas y también a las industrias de contenidos digitales. El informe alerta de que «muchas de estas compañías son empresas extranjeras que pueden comparar el trato legislativo que existe en otros países desarrollados con la laxitud que existe en España», panorama que cambiará a partir de marzo de este año.

Pérdida de confianza
La Cámara de Comercio de Estados Unidos en España también quizo dejar constancia de la desconfianza generada por el anterior Gobierno en esta materia, que no llegó a aprobar el reglamento de la ley, temerosos de la impopularidad que esta normativa podría generarles. «En este contexto, muchas multinacionales, tanto del sector de contenidos como de otros sectores con patentes o marcas relevantes, veían el consenso legislativo creado entorno a la ley como un gran avance para terminar con la impunidad en esta materia. Su falta de aprobación antes de las elecciones ha supuesto un revés a la seriedad del país en esta materia de tanta importancia para la inversión extranjera». La preocupación de este país por nuestros niveles de «piratería» responde a que es uno de los más afectados por ella, dado el altísimo nivel de consumo de su cine y su música en España.

Lo cierto es que los países de nuestro entorno han tomado medidas contra la «piratería» sin estar siquiera entre los que más abusan de esta práctica. En septiembre de 2008, el Gobierno italiano creó un comité técnico que estudió cómo adaptar los derechos de autor en la era digital, para lo cual se inspiró en la legislación francesa. En este país, la ley Hadopi, que castiga al usuario infractor, ha permitido durante los 18 meses de aplicación que las autoridades enviaran medio millón de advertencias y 20.000 infractores han recibido un segundo correo. Finalmente, un total de 60 «piratas» reincidentes se encuentran en trámites judiciales.

El caso de Reino Unido estuvo marcado por unas elecciones, como también ocurrió en nuestro país. El anterior Gobierno laborista pretendía sacar adelante la «Ley de Economía Digital», que llegó a ser aprobada en la Cámara de los Lores, pero antes de que regresara a la de los Comunes se celebraron elecciones. El actual Gobierno no ha decidido todavía qué hacer con la normativa. La ley «antipiratería» que comenzará a aplicarse en marzo en nuestro país y cuyo reglamento se acaba de aprobar persigue, sin embargo, las páginas con contenidos protegidos y no a los usuarios que hacen uso de ellas. Con toda probabilidad, esta medida aumentará la confianza de los inversores en una industria que tanto ha luchado por proteger sus derechos.

Una industria que se escribe en números rojos
La urgencia de la tan esperada regulación contra las descargas ilegales responde a unos datos demoledores sobre las consecuencias de la «piratería». Basta ver que, por ejemplo, sólo dos de cada cien canciones que se descargan en nuestro país se descargan de manera legal. O que el sector de los videojuegos, que hasta ahora ha gozado de una pujanza en Europa envidiable, sufre una tasa de «piratería» que se sitúa en el 61,7 por ciento, según el Observatorio de hábitos de consumo de contenidos digitales. O que, según este mismo informe, la descarga ilegal de contenidos le costó a la industria cultural española unos 11.000 millones de euros en 2010.