El perdón de la violada por César Vidal

Estoy convencido de que pocas personas habrán experimentado tantos cambios en las materias que cursaron en su juventud como aquellos que entramos en la Facultad de Derecho en 1975. Antes de que concluyera el curso, Franco falleció –lo que evitó, por ejemplo, que algunos fuéramos a la cárcel al año siguiente– y la nación se vio sometida a una espiral interminable de cambios legislativos cuyas secuelas se extienden hasta la actualidad. En mi caso concreto, recuerdo con claridad cómo las materias que había estudiado eran cambiadas radicalmente al siguiente curso. Las excepciones a esa situación general fueron escasas porque, salvo el Derecho Romano y las constituciones españolas ya no vigentes, no se salvó prácticamente nada. Aquella circunstancia constituía una verdadera faena desde la perspectiva del alumno que se percata de que lo que ha estudiado el año anterior no le va a servir de nada. Sin embargo, también contaba con elementos positivos como fue el de asistir a debates doctrinales de notable interés. Recuerdo que uno de ellos estuvo relacionado con el perdón de la violada. La legislación franquista –tan propia de la Contrarreforma en ésta como en otras cuestiones– contenía una posibilidad para el violador de eludir sus responsabilidades penales y ésta no era otra que recibir el perdón de la violada, perdón que se daba por supuesto cuando el violador se casaba con su víctima. Para remate, en ocasiones, la violada otorgaba el perdón previo pago de una sustanciosa cantidad y previo sufrimiento de las presiones familiares para que aceptara aquella reparación económica. Ni que decir tiene que lo que podía parecerle bien a Calderón de la Barca en 1975 era contemplado como una indignidad por la aplastante mayoría de los penalistas. El Estado, se argumentaba, no podía dejar de cumplir con su deber –el de castigar a un delincuente tan repugnante como un violador– por mucho que mediara el perdón. Por supuesto, la violada era muy dueña, según sus creencias y convicciones, de otorgarlo, pero semejante posibilidad no debía interferir en la marcha normal de la justicia. Me ha venido este debate a la cabeza con insistencia machacona durante los últimos años. Nuestra sociedad reaccionaría con horror frente a la idea de un violador que sale de la cárcel porque su víctima lo perdona. Sin embargo, existe un sector de la clase política empeñado en poner en libertad a los terroristas de ETA si piden perdón a las víctimas o incluso –según ha declarado recientemente Pachi López– si no lo hacen. Me cuesta mucho pensar en una vileza jurídica mayor. Las víctimas perdonarán a los asesinos de ETA de acuerdo con sus principios y creencias, pero el Estado de Derecho no se puede permitir ese lujo moral. Lo único que puede y debe hacer es detenerlos, juzgarlos y cuidar de que cumplan hasta el último día de sus más que merecidas condenas.