Una medida social a la que no se atrevió el PSOE

MADRID- Los desahucios de familias sin recursos por el impago de la hipoteca están a la orden del día. Representan la otra cara de la crisis económica, con una población en alza y a punto de la exclusión social. Evitarlos constituye la misión prioritaria de las organizaciones no gubernamentales y el banderín de enganche del movimiento 15-M. De hecho, se ha convertido en parte del paisaje urbano la instantánea de sus miembros intentando impedir el desalojo de sus casas de familias enteras.

Sin ir más lejos, ayer se evitó por un mes que una mujer, con incapacidad permanente y cuatro hijos, engrosara la lista de las 150.000 personas que se han quedado estos últimos años en la calle, sin casa y sin un puesto de trabajo. Olga Teresa Cabrera consiguió ganar un mes, gracias a la intervención de un sacerdote, para seguir en su piso. En este plazo intentará cancelar la hipoteca a cambio de entregar al banco las llaves de su vivienda.

Esta ecuatoriana está de suerte. Ayer mismo el Ejecutivo pasó por la izquierda a todos las fuerzas políticas más progresistas que integran el arco parlamentario, incluido el PSOE, y puso encima de la mesa la dación de la vivienda (entrega de la casa a cambio de la cancelación de la hipoteca). El anuncio corrió a cargo del ministro de Economía y Competitividad, encargado de la relación con las entidades financieras. De esta manera, el Gobierno volvió a hacer un guiño a los colectivos más azotados por la crisis con su primera gran reforma social.

Plena colaboración
El llamamiento de Luis de Guindos a la banca no cayó en saco roto. Ayer mismo, la banca española se comprometió a analizar con la Administración pública las medidas que permitan mitigar la situación de las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social, y evitar la ejecución y el desahucio de la vivienda. La Asociación Española de Banca (AEB) confirmó ayer que los bancos españoles ofrecen su plena colaboración al Gobierno para analizar y desarrollar el Código de Buenas Prácticas que con carácter voluntario anunció el Ejecutivo.

No obstante, avisó de que es necesario que cualquier reforma del marco normativo se acometa «con mucho cuidado para no introducir distorsiones en un mercado hipotecario que ha funcionado históricamente bien y ha servido para financiar la vivienda al 85% de las familias españolas».

Para la jueza del Juzgado número 71 de primera instancia de Madrid, Ana Alonso, la música de las medidas anunciadas ayer por el Gobierno «suena bien», aunque en su opinión, todavía habrá que conocer «mejor la letra». En opinión de esta jueza, el «Código de Buenas Prácticas» que impulsará el Gobierno para que las entidades permitan la entrega de la vivienda para saldar su hipoteca a familias sin ingresos y con todos sus miembros en paro, permitirá «descongestionar» los juicios.

Sobre la otra propuesta del Gobierno, la que recoge reformas de carácter legal para que al menos durante dos años las familias en «exclusión social» puedan habitar en la vivienda antes de su desalojo, Alonso señala que deberá concretarse aún más el perfil de las familias que podrán acogerse a esta tipo de medidas y a partir de cuándo se empezará a computar esos dos años.

LOS PROTAGONISTAS
PRIMER DESAHUCIO EVITADO
«No elegimos esta situación»
Tatyana Roeva / Psicóloga de «Afectados por la Hipoteca»
Tatyana Roeva recibió hace un mes su segundo aviso de desahucio para el 29 de febrero, pero no tiene miedo. El primero, que la echaba a la calle en junio de 2011, fue el pionero que se evitó en Madrid gracias al apoyo de la gente. Su marido y ella están en paro y para ayudar a los demás se metió en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. «Si llegamos a esta situación no es porque no queramos pagar, sino porque no tenemos dinero».

HNA. INMA, «SOR DESAHUCIO»
«Mejor una ley que un código»
Hermana Inmaculada / Directora del Colegio Nuestra Señora del Carmen
La hermana Inmaculada, directora del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Madrid, es conocida como «sor Desahucio» por haber mediado entre una familia y una oficina de Bankia y evitar que fuese expulsada a la calle. No le parece suficiente que la reforma incluya un mero código de buenas prácticas. «Me gusta que se haga lo correcto y ojalá los bancos siguiesen ese código, pero si no es así, debería ser una ley. Las cosas no pueden ir antes que las personas», afirma.

PIENSA VOLVER A ECUADOR
«Quiero saldar mi deuda»
Olga Teresa Cabrera / Enfermera
Olga Teresa Cabrera sufre una incapacidad permanente y tiene cuatro hijos. Ayer intentaron echarla de su casa por impago, pero la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) la ayudó para que el desahucio se aplazara un mes. «Quiero volver a mi país, Ecuador, pero no quiero irme con esta gran deuda a cuestas». Olga afirma que una sucursal inmobiliaria la convenció para comprar una casa, y consiguió un préstamo «que no pude seguir pagando cuando tuve que dejar el trabajo por mi enfermedad».

LA FAMILIA DE SAN BLAS
«Busco un acuerdo con el banco»
Javier Narváez / Propietario del inmueble
Los vecinos de San Blas se congregaron ayer para evitar el desahucio de la familia Narváez Ramos, que ha intentado llegar a un acuerdo con su banco para pagar un alquiler y quedarse en el piso, donde viven el matrimonio y dos niños. «Hasta hemos propuesto al banco entregarle la vivienda», sobre la que pesa una hipoteca a 30 años cuya cuantía es de 1.600 euros mensuales. A la concentración a favor de no echar a la familia acudió el director del colegio de los niños que pidió que por lo menos, se aplazara el desahucio hasta que acabe el curso escolar.