Llama a los etarras que mataron a su hija «cobardes hijos de puta»

Madrid- Así terminó uno de los testimonios más desgarradores que se pudieron escuchar ante la Audiencia Nacional con motivo del juicio que se está celebrando en estos días contra los etarras que en 2002 colocaron un coche bomba en Santa Pola (Alicante). Toñi Santiago relató los instantes que se sucedieron tras la explosión en la que murió su hija Silvia Martínez, de sólo seis años. Su rabia y su impotencia al encontrarse ante los asesinos de su hija, Andoni Otegi y Óscar Celarain, no pudieron ser reprimidas y terminó recriminándoles un «asesinos, cobardes e hijos de puta».
Eran las 20:15 de la noche del 4 de mayo de 2002 cuando los etarras hicieron explotar el coche bomba justo enfrente de la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola. Dos personas murieron a causa del atentado, Cecilio Gallego Alaminos de 57 años, y Silvia Martínez Santiago, de seis. «En unos instantes todo se volvió oscuro, todo se movía, no sabía lo que pasaba, le preguntaba a mi hermano y noté como corría por mi cara un chorro de sangre», declaró la madre de la pequeña, que muy afectada y con lágrimas en los ojos aseguró que tras encontrar a su hija, que estaba «cubierta de escombros y sólo se le veían los ojos», sabía «que mi hija moría».
Cuando intentaba sacar a Silvia de la casa cuartel se le «incrustaban» cristales en los pies y no podía dejar de gritar «hijos de puta, hijos de puta». Las mismas palabras que diez años después les diría cara a cara a los asesinos de su hija. Tras entrar en parada cardiorespiratoria en la ambulancia, la testigo empezó «a rezarle y a cantarle al oído» a su hija, hasta llegar al hospital donde finalmente falleció.
Tanto Otegi como Celarain se mostraron impasibles ante las palabras de Toñi Santiago, que pidió que «se haga justicia por nuestra pequeña».
Los dos acusados se enfrentan a 1.180 años de cárcel por el atentado, pero ya han sido condenados en anteriores ocasiones. En 2006, en Francia, a ocho años de cárcel por los delitos de asociación de malhechores, tenencia de armas y explosivos y usos de documentación falsa. En 2011, a 18 años y tres meses por el atentado en 2002 de Marbella y a otros 50 años por el asesinato del concejal de UPN en Leitza José Javier Múgica.