El Congreso culmina la reforma laboral

MADRID- La reforma laboral más profunda de la democracia ya tiene rango de ley. Ayer salió del Congreso, tras incorporar 85 enmiendas aprobadas en su paso por el Senado. Las modificaciones han permitido, en palabras de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, «enriquecer una norma de vital importancia que generará confianza y dará oportunidades». Entre los cambios más destacados, el aumento del 5 al 10 por ciento en la parte de jornada que la empresa puede distribuir de manera irregular a lo largo del año; la reducción de dos a un año en ultraactividad de los convenios colectivos y la inclusión de un periodo de referencia de un año para el despido por causas objetivas en caso de absentismo.

El texto fue aprobado con los votos del PP, CiU, UPN y Foro, si bien recibió durísimas críticas del resto de la oposición.

La reforma generaliza la indemnización por despido improcedente en 33 días con un tope de dos anualidades y facilita que las empresas puedan despedir por causas económicas con 20 días por doce mensualidades. También se crea un nuevo contrato indefinido para autónomos y pymes de menos de 50 trabajadores con un año de prueba y sin indemnización por despido, mientras la tasa de paro no baje del 15 por ciento. En caso de despido colectivo en el sector público, establece que tendrá prioridad de permanencia en el puesto el personal laboral fijo que haya obtenido su plaza por un proceso de selección.

En la misma sesión, la Cámara Baja dio además el visto bueno definitivo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, a un mes escaso de empezar a tramitar las del próximo ejercicio, cuyo primer paso será la aprobación del techo de gasto.

En el trámite parlamentario en ambas Cámaras se han incorporado apenas una decena de enmiendas presentadas por la oposición o pactadas por el PP con algunos grupos, lo que ayer fue motivo de reproche de todas las formaciones, que criticaron el «talante poco dialogante» del el grupo mayoritario.

Sin embargo, desde un primer momento el Ejecutivo ya avisó que no se aceptarían enmiendas que supusieran un aumento del gasto, ante las limitaciones impuestas por la necesidad de reducir el déficit público al 5,3% del PIB impuesto por Bruselas.