Atenas

Principales medidas de austeridad de Papandréu para salvar a Grecia

El Parlamento de Grecia aprobó hoy de forma preliminar las nuevas medidas de austeridad que el Gobierno debe aplicar con el fin de recibir un nuevo tramo crediticio de los acreedores internacionales para evitar una suspensión de pagos.

La medida salió adelante con el apoyo de la totalidad de los 154 diputados socialistas y el voto negativo de 141 de los 295 presentes en el Parlamento. Esta votación de la ley es previa a la definitiva de mañana, que se vota artículo por artículo y en su totalidad, pero permite calibrar los apoyos del Gobierno socialista de Yorgos Papandréu, que cuenta con una ajustada mayoría de 154 diputados de los 300 de la cámara.

Algunos diputados socialistas han discrepado de los recortes, por lo que Papandréu ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario previo a la votación definitiva de mañana para cerrar filas y llamar a la unidad.

Las nuevas medidas prevén enviar a la "reserva"hasta finales de año a 30.000 empleados públicos, recortes adicionales en salarios públicos y pensiones, al tiempo que se restringen los derechos de los empleados sujetos a los convenios colectivos y se reduce el salario mínimo a 500 euros.

En juego está un tramo crediticio de 8.000 millones de euros de la eurozona y el Fondo Monetario Internacional, que Grecia necesita en las próximas semanas, ya que sólo tiene liquidez hasta mediados de noviembre.

Grecia vivió hoy una de las mayores protesta de las últimas décadas, en la primera jornada de una huelga general de 48 horas contra las políticas de austeridad del Gobierno, y que resultó empañada en Atenas y en otras ciudades por disturbios violentos.

Los enfrentamientos en Atenas entre radicales y policías se saldaron con 21 heridos leves, 15 de ellos agentes, que fueron atendidos por los servicios de emergencia. La policía detuvo a 25 personas.

La protesta en la capital tuvo una afluencia de 120.000 personas según los sindicatos, mientras que la policía rebaja la cifra hasta los 70.000 asistentes.Este es un resumen de las principales medidas con las que el Ejecutivo del socialista Yorgos Papandréu quiere asegurarse el próximo tramo de ayuda internacional.

- Lospropietarios de bienes inmuebles deberán pagar un impuesto de una media anual de cuatro euros por metro cuadrado, que será cobrado a través de la factura de luz, al no existir un catastro que abarque todo el país.

- Los asalariados deberán pagar un impuesto solidario anual de entre el 1 y 5 % de su salario bruto, que en 2012 se pagará por duplicado, para el año en curso y de forma retroactiva también para 2011.

- En el IRPF se bajará el mínimo exento de 12.000 a 5.000 euros anuales.

- El Estado griego intensificará su lucha contra la evasión fiscal, con lo que pretende ingresar hasta 2015 unos 3.000 millones de euros.

- El número de funcionarios se reducirá hasta 2015 en 150.000 personas, lo que equivale al 20 % del total. Unos 30.000 funcionarios pasarán a la llamada "reserva laboral", lo que significa que cobrarán un 60 % de su salario, y si en doce meses no encuentran otro empleo, serán despedidos definitivamente.

- Los sueldos de los funcionarios serán unificados y se eliminarán casi todos los complementos salariales. Según los sindicatos griegos, los emolumentos de los funcionarios, que ya bajaron el año pasado, serán recortados en otro 20 % con esta medida. El Estado pretende ahorrarse así unos 2.000 millones de euros.

- La parte de las pensiones que supere los 1.000 euros sufrirán un recorte un 20 %. Los jubilados menores de 55 años, en su mayoría exempleados de bancos y militares retirados, verán recortada su pensión en un 40 %. Las jubilaciones regulares de empleados bancarios y de trabajadores de empresas públicas serán recortadas un 15 %.

- Habrá importantes recortes en las prestaciones sociales, con lo que el Gobierno pretende ahorrar hasta 2015 unos 5.000 millones de euros. Al mismo tiempo, se persigue aumentar los ingresos del sistema social en 3.200 millones de euros con la lucha contra la evasión del pago de cotizaciones sociales y contra el trabajo irregular.

- Las empresas podrán negociar convenios propios con sus trabajadores, al margen de los convenios nacionales. Se liberalizará el acceso a 136 profesiones liberales, como abogados y notarios.