La Audiencia rechaza que los dos piratas sean juzgados en Kenia

La resolución de la Sala destaca que la competencia de los tribunales españoles para juzgar este caso vienen avalada por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se establece esa competencia «cuando los hechos hayan sido ejecutados a bordo de un buque español», y, además, cuando se produjo el secuestro del «Alakrana», también estaba respaldada por los tratados internacionales suscritos por España para juzgar ese tipo de infracciones penales.

Junto a ello, la Sala alude a la Convención del Mar, donde se faculta a todo Estado a «perseguir y apresar, en alta mar o en cualquier lugar no sometido a la jurisdicción de otro Estado, a un buque pirata o capturado por piratas».

En el supuesto de apresamiento de la embarcación, se atribuye a la jurisdicción nacional, en este caso, la española, el enjuiciamiento de «sus posibles autores, caso de se detenidos.
 
La Fiscalía solicitará un total de 220 años de cárcel para cada uno de los dos presuntos piratas, a quienes acusa de 36 delitos de detención ilegal -por los 36 tripulantes del atunero- y de un delito adicional de robo con violencia. La misma Sala que ha resuelto la cuestión de competencia planteada será la encargada de celebrar el juicio.