Las empresas de formación llevarán a la Junta a los tribunales por impago

Sevilla- Vía libre al contencioso judicial. Las empresas asociadas a la Asociación de Entidades de Formación y Empleo de Sevilla (Cecap) reclamarán en los tribunales a la Junta de Andalucía las deudas que mantiene con el sector de los centros privados de formación. Las posibles acciones ante la Justicia por parte de los empresarios «se fundamentan en el informe encargado» por la propia Cecap «al bufete Gómez Acebo & Pombo», según informó ayer la entidad. El Gobierno andaluz adeuda, sólo a las empresas afiliadas a la asociación, ocho millones de euros. Computando las 300 empresas del sector en la provincia, la deuda de la Junta supera los 25 millones.

La falta de tesorería ya no podrá ser una de las excusas que esgrima la Administración andaluza, una vez que el primer pago del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ya ha sido computado, lo que supone la llegada a las arcas de la Junta de 2.133 millones de euros, tras la autorización ayer del Gobierno.

Las empresas integradas en la Asociación de Entidades de Formación y Empleo de Sevilla informó ayer de que acudirán a los tribunales, «tras conocer el informe jurídico que encargó al bufete Gómez Acebo & Pombo con motivo de los impagos al sector por parte del Gobierno andaluz». Ya con la luz verde de sus letrados, Cecap «ha planteado poner en marcha una serie de acciones judiciales contra la Junta de Andalucía para reclamar la deuda que mantienen con los centros privados de formación». «Las actuaciones se llevarán a cabo de manera individual por cada una de las empresas afectadas, en atención a la casuística específica de cada entidad», según informó ayer la entidad. En base a esto, sólo en la provincia, la Administración andaluza podría verse ante más de 300 denuncias por impago.
Los empresarios de Cecap Sevilla han tomado esta decisión, según comunicaron ayer, «como consecuencia de la crítica y desesperada situación que viven sus empresas, que están al borde del cierre y el colapso». La vía judicial se ha antojado como el único camino posible tras «el resultado infructuoso que han obtenido los empresarios tras llevar a cabo durante un año innumerables gestiones y peticiones ante la Administración autonómica andaluza, sin que ésta haya planteado ninguna solución ni propuesta», ni alternativa alguna ante las numerosas protestas frente a las sedes del Gobierno andaluz.

Cecap especificó que «la deuda que mantiene en la actualidad la Administración andaluza con los empresarios de formación, en el caso de la provincia, suma 8.296.037,05 euros correspondientes a 204 expedientes». Esta cifra se multiplica por tres «si se incorporan los centros de formación privados no asociados a Cecap Sevilla». Muchos de los pagos pendientes pertenecen a expedientes de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, según la entidad. Alrededor de un millar de puestos de trabajo están en peligro. En el conjunto de la comunidad, las cifras se multiplican por cuatro: 100 millones de deuda y 4.000 empleados al borde del abismo.

Los empresarios de Cecap Sevilla denunciaron igualmente que esta situación de demora en los pagos pone en peligro «tanto la supervivencia las empresas del sector y la continuidad de los puestos de trabajo de sus plantillas como la impartición de la formación que han de recibir los desempleados y los trabajadores en activo, que son los otros grandes perjudicados en estas graves circunstancias provocadas por la Administración pública».
Cecap está integrada por entidades privadas dedicadas a la formación. La entidad representa más del 60% de las empresas del sector en todo el país. La asociación acusa a la Junta de Andalucía de desviar los fondos de formación a otros fines, según informó a LA RAZÓN de Sevilla el presidente de Cecap Juan Antonio Bardón. «Tenemos la certeza de que el Estado trimestralmente ha transferido las cantidades correspondientes a las cuotas de formación profesional que pagan empresas y trabajadores a la Seguridad Social. De hecho, fue uno de los obstáculos para acceder al plan de pago a proveedores: el Estado no iba a pagar algo que ya ha pagado», sostiene la asociación. El damnificado indirecto de esta situación es el desempleado, que «no tiene posibilidad de acceso a formación para una recualificación», subrayó Cecap.