Murcia aúna fuerzas para lograr una mejor convivencia en las aulas

MURCIA- La calidad en la docencia se ha convertido en el principal objetivo del sistema educativo, no sólo en la Región de Murcia, sino también en el resto de España. Una calidad que no será posible lograr sin un mayor rendimiento escolar y un adecuado clima de convivencia y respeto hacia el profesorado, tanto por parte de los alumnos como de los padres de estos. Tal y como se desprende del último «Informe del Defensor del Profesor», los casos del ciberbullying, es decir, la utilización de nuevas tecnologías al servicio de una novedosa forma de violencia amparada en el anonimato, se han duplicado durante el curso escolar 2010-2011 en relación al curso anterior, unas cifras de las que se desprende que en el 80 por ciento de los casos, el ciberbulling se localizó en los centros de Secundaria, mientras que el 20 por ciento restante corresponde a colegios de Primaria.
Pese a ello, los datos no son tan alarmantes como lo que puede parecer en un principio, ya que a excepción de este nuevo tipo de violencia, se ha registrado un descenso en los casos localizados en las aulas. Más concretamente, un total de 171 casos fueron atendidos durante el curso 2010-2011 frente a los 191 del curso anterior, lo que supone una disminución del diez por ciento de los casos registrados. Así, este descenso aporta un esperanzador indicador de disminución en las conductas gravemente perjudicadas para la convivencia en los centros, «aunque todavía no nos podemos dar por satisfechos ya que siguen existiendo esos 171 casos», indicó el presidente del sindicato ANPE, Clemente Hernández, quien además no ignoró los avances conseguidos en este ámbito, aunque «todavía es necesario seguir formando, no solo a los profesores, sino también a los padres y a los alumnos sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías», explicó Hernández, haciendo referencia a ese aumento en el caso del ciberbulling.
Esperanza esta que también es patente con la posible entrada en vigor de la ley de autoridad docente, cuyo anteproyecto ha pasado ya por la Mesa Sectorial de Educación, la comisión de directores de Primaria y la de directores de Secundaria, así como la Mesa de la Concertada, órganos todos ellos que han informado favorablemente. De este modo, el anteproyecto, cuyo siguiente paso, tras haber sido remitido al Consejo Escolar de la Región de Murcia, será conseguir luz verde en el Consejo Jurídico, llegará finalmente ante el Consejo de Gobierno quien tendrá que aprobar el inicio de su tramitación parlamentaria. De este modo, el presidente del Consejo Escolar de la Región de Murcia, Luis Navarro, manifestó que en estos momentos están trabajando en el dictamen final de este anteproyecto, aunque «el balance general que por ahora puedo hacer del mismo es bastante positivo». «En estos últimos años, por determinadas circunstancias, se han dado casos de agresiones a profesores desde los alumnos e incluso desde los propios padres y eso hay que corregirlo», explicó al respecto Navarro, al tiempo que añadió que con esta futura ley «lo que se pretende es dotar al profesor de esa condición de autoridad pública», es decir, que «agredir a un docente no salga gratis».
Del mismo modo, cabe recordar la apuesta del Ejecutivo regional para lograr el apoyo de la comunidad educativa y conseguir este mejor clima de convivencia en las aulas, por lo que desde el primer momento fue voluntad del consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, que esta nueva normativa contara con la participación de toda la comunidad educativa y así poder enriquecerla. De hecho, según precisó el titular de Educación, «serán más de 25.000 los docentes que se verán afectados por la atribución de autoridad conforme a la ley».

Objetivos de la futura ordenanza
En cuanto a los objetivos que contempla el anteproyecto de la ley de autoridad docente destaca, por un lado, reforzar el papel social que tiene ante la comunidad educativa el docente en el desempeño de sus funciones, haciendo valer su figura como parte esencial de este proceso de aprendizaje y de desarrollo personal del alumno, con responsabilidad y autoridad para garantizarlo, así como, establecer, por otro lado, la protección jurídica que se deriva de dicha atribución al considerarlo como autoridad pública. En cuanto a la protección jurídica, las consecuencias más directas recogidas en el documento son el reconocimiento de la condición de autoridad pública al docente y la presunción de veracidad de los hechos que constaten estos, además de la garantía de asistencia jurídica en caso necesario.