El Gobierno estudia la eliminación del 20% de los organismos públicos

En su comparecencia en la Comisión Constitucional del Senado, Sáenz de Santamaría ha avanzado además que la futura ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que el Ejecutivo aprobará en el plazo de un mes, establecerá sanciones para los responsables públicos que incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fija la ley de estabilidad presupuestaria.

La vicepresidenta ha calificado de "demoledores"los últimos datos del Banco de España, que reflejan que la deuda acumulada por los organismos públicos se acerca a los 60.000 millones de euros, "prácticamente el triple que hace tres años".

Ha recordado que hay 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios que existen entre todas las administraciones. "Son muchos, son ineficientes y, en algunos casos, son excesivamente caros", ha manifestado.

El objetivo, ha continuado Sáenz de Santamaría, es reducir, fusionar y eliminar entidades que "no sirvan a un propósito público, claro y justificado, así como enajenar participaciones no mayoritarias en sociedades privadas en las que el interés general no precise la presencia de ello".

Sáenz de Santamaría ha dicho que es "insostenible"que directivos de empresas públicas hayan estado cobrando "más de 250.000 euros al año". "Es además injustificable en el sector público", ha manifestado.

Límite a las retribuciones
Por este motivo, el Gobierno ha impuesto un límite de al menos un 30 % a estas retribuciones y ha limitado a 15 el número de miembros de sus consejos de administración.
Además, establecerá un marco de referencia para todos los salarios de las administraciones públicas, estableciendo criterios objetivos en el caso de los ayuntamientos, que atiendan a su dimensión, presupuesto y circunstancias socioeconómicas.

La vicepresidenta ha anunciado asimismo que la futura Ley de Transparencia se someterá a un periodo de información y audiencia pública en las páginas web de los Ministerios durante el que se atenderán las sugerencias de los ciudadanos.

La novedad de esta norma, ha señalado, es que no recoge "meras recomendaciones"sino que su vulneración dará lugar a infracciones administrativas con las correspondientes sanciones.

Así, la ley incorporará sanciones para los responsables públicos que incumplan el objetivo de déficit, comprometan gastos o asuman obligaciones sin crédito suficiente para su financiación o eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas.

"La respuesta será contundente", ha señalado la vicepresidenta quien ha concretado que una ley orgánica complementaria modificará el Código Penal para las sanciones a las conductas más graves que llevarán aparejadas penas de inhabilitación.

La intención del Ejecutivo, ha dicho Sáenz de Santamaría, es presentar la ley en la Conferencia Internacional de Gobierno Abierto que se celebrará los días 17 y 18 de abril en Brasilia.

Sáenz de Santamaría también ha avanzado hoy que el Ejecutivo, teniendo en cuenta la recesión y la desviación del déficit, presentará unos presupuestos "austeros, ajustados y realistas"que transformarán "radicalmente"la forma de gestionar los recursos públicos.

Se trata, según ha manifestado ante la Comisión Constitucional del Senado, de un cambio "imprescindible por razones económicas, por ética pública"y por respeto al esfuerzo que están realizando los contribuyentes.

Sáenz de Santamaría ha informado también de que el Consejo de ministros del viernes aprobará definitivamente el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria que convertirá "la regla básica de la economía doméstica, de que no se puede gastar más de lo que se ingresa, en norma legal de obligado cumplimiento para todas las administraciones".

La vicepresidenta ha considerado que no es el momento de "repartir culpas o poner excusas"por la desviación de dos puntos y medio del déficit público (que cerró 2011 en el 8,51 % del PIB frente al 6 % comprometido), sino de aprender lecciones del pasado para no repetir los errores y ponerles remedio.

Tras recordar que se ha pasado de superávit a déficit en pocos años, ha denunciado que en 2006 se relajara el control por parte del Estado y que se permitiera a las comunidades que también se relajaran sin lograr impulsar el crecimiento.

Los ingresos han caído y ahora el país no puede permitirse otra cosa que reducir el déficit, según sus palabras, porque el pago de la deuda y de sus intereses absorbe dinero que podría dedicarse a obras públicas o servicios sociales y ahoga el crédito que debería destinarse a empresas y familias.

"Si siguiéramos pidiendo sin limites, algún día podrían dejar de prestarnos", ha dicho y ha advertido de que el país tiene "la obligación de reducir el déficit"del 8,51 % y que ésta es una tarea a la que están obligadas todas las administraciones públicas sin excepción. "No podemos permitirnos otra cosa", ha sentenciado.

La vicepresidenta comparece ante la Comisión Constitucional del Senado para presentar sus planes de trabajo para la legislatura y se ha referido en primer lugar a la cifra del déficit fijada ayer por el Gobierno, que supera en 2,5 puntos la previsión del anterior Ejecutivo "y lo que es peor", el objetivo comprometido.

Sáenz de Santamaría ha recordado que las cuentas públicas han pasado del superávit en 2007, cercano al 2 %, a un déficit por encima del 11 % en 2009 y al 8,5 del año pasado y ha subrayado que los ciudadanos se preguntan cómo "no se ha corregido a tiempo"y se ha llegado a esta situación. Entre las causas, ha apuntado a que en 2006 se relajó el control por el Estado y "se permitió"que se relajaran también las Comunidades Autónomas, lo que "no fue una buena opción".