El Supremo confirma la expulsión de la Carrera a la juez de Motril

MADRID/GRANADA- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la expulsión de la Carrera judicial que acordó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en noviembre de 2007 para la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril (Granada), Adelina Entrena, como responsable de cuatro infracciones disciplinarias muy graves de desatención de competencias judiciales, relacionadas con notables retrasos en la excarcelación de presos que o ya habían cumplido su condena o superaban con creces el plazo máximo de prisión provisional, un escándalo que destapó en su día LA RAZÓN.En su sentencia, hecha pública ayer, el Tribunal Supremo desestima el recurso que presentó Entrena contra el acuerdo del CGPJ, que la sancionó con la exclusión de la carrera por la comisión de cuatro faltas muy graves, tres de ellas relacionadas con casos concretos de retrasos en la excarcelación de presos y una por el «descontrol general» detectado en su juzgado tras una inspección.El Supremo confirma ahora la sanción del máximo órgano de gobierno de los jueces por la «clara desidia personal» de la recurrente. Según la investigación que llevó a cabo el Servicio de Inspección del CGPJ, Entrena habría cometido faltas muy graves en el caso de A. S., un hombre acusado de maltrato que fue condenado a siete meses de cárcel y que, pese a haber recurrido la sentencia, permaneció encarcelado tras haber cumplido el plazo máximo de prisión provisional sin sentencia firme.La Comisión Disciplinaria del Consejo también entendió que la juez cometió otras faltas muy graves en el caso de otro preso a quien Entrena condenó a seis meses de cárcel y que no logró salir de prisión hasta un mes después de haber cumplido su condena, debido a la falta de control de su situación procesal por la titular del Juzgado de Motril. En octubre de 2007, el Pleno acordó suspender durante cinco meses en el ejercicio de sus funciones a Entrena por haber abusado de su condición de juez para ralentizar la celebración de un juicio contra su ex pareja por la denuncia que ella misma interpuso contra él por amenazas y lesiones.