Sin Justicia nada

La consecución de la confianza ciudadana constituye uno de los retos principales de la Justicia española y, por tanto, de los políticos. El hecho de que más del 67 por ciento de los españoles no confíe en ella, como publicaba ayer LA RAZÓN, supera de largo los límites razonables de un Estado de Derecho. De ello se desprenden dos cuestiones trascendentes: el funcionamiento defectuoso actual y la reforma imprescindible. Respecto a la primera, no descubro algo nuevo si me remito automáticamente al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía General del Estado, órganos que han demostrado sobradamente su dependencia del poder político a través de sentencias y actuaciones que sólo han proporcionado perplejidad y escepticismo sobre su objetividad. Si la tercera pata del Estado de Derecho se queda sin imparcialidad, ¿qué podemos esperar? No olvidemos que la inseguridad jurídica tiene su parte de responsabilidad para que España provoque ante el mundo falta de credibilidad y confianza. Los miembros del TC, al igual que de otros estamentos, deberían sentirse independientes para recuperar el aplauso de los contribuyentes. Para ello, las fórmulas son variadas. Desde la incompatibilidad de por vida hasta la estabilidad económica. Sólo hace falta copiar a otros países desarrollados. Eso sí, se requiere voluntad política, que los partidos políticos renuncien a controlarlos. Asuntos como el de la rapidez o la edad penal son capítulos más sencillos de resolver. Dependen de la capacidad presupuestaria o de los programas electorales. Más aún, sin solventar problemas como éste, tendremos más dificultades para superar la crisis económica. Igual ni lo logramos. Así es la vida.