Barcelona
Ni la crisis aliado inesperado del clima permite a España cumplir con Kioto
A pesar de los efectos de la crisis en en el sector energético y de la construcción, que ha provocado una disminución de un 9,5% de las emisiones asignadas a instalaciones acogidas a la directiva europea, España está -con datos de 2009- todavía muy lejos de cumplir el objetivo del protocolo de Kioto.
Según un estudio de la Fundación Empresa y Clima presentado hoy, todas las CCAA -menos la ciudad de Melilla- redujeron entre 2008 y 2009 sus emisiones de CO2 -en el millar de instalaciones con emisiones asignadas-, una tendencia que se mantendrá en 2010, y posiblemente 2011 si la crisis económica continúa.
Con estas cifras, se puede apuntar, explica el economista y consultor medioambiental y supervisor del trabajo, Arturo de las Heras, que si en 2007 el diferencial de incumplimiento de emisiones de España con respecto a Kioto se situaba en un 37%, en 2008 pasó al 25% y en 2009 ha bajado hasta un esperanzador 15%, aunque sea a costa de la reducción de actividad industrial y económica en general.
De las Heras reconoce que el papel de la crisis, más allá de las mejoras tecnológicas de las empresas, ha sido esencial en esta caída, como refleja que en 2009 el 81,88% de las llamadas instalaciones controladas emitieron por debajo de sus derechos asignados, lo que supuso un ahorro de más de 14,3 millones de toneladas, un 9,46% menos de lo que les corresponde.
Especialmente significativo es el dato del ámbito siderúrgico (5,8 millones de toneladas menos) y la construcción (11,9 millones), donde el 98,7% de sus instalaciones (relacionadas por ejemplo con el cemento, tejas o ladrillo) emitieron por debajo de su capacidad.
Sólo el sector energético mantuvo las emisiones al alza, sobre todo por las instalaciones de ciclo combinado, con un aumento del 88,62%.
Ante el previsible incumplimiento de los objetivos de Kioto, este experto señala que el principal problema para España no será sólo por las emisiones, sino el coste que tendrá para el Estado, que algunos estudios cifran en 1.400 millones de euros, cantidad que irá a la baja si la crisis continúa y la actividad económica sigue ralentizada o cae aún más.
"¿Qué pasará cuando se acabe la crisis económica? Es una incógnita. Veremos si las empresas han hecho los deberes", indica el responsable de este estudio, que apunta además que el precio de los carburantes fósiles, ahora desorbitados por las revueltas en el norte de África, y de la energía en general, marcará la recuperación de la actividad y de las emisiones.
Sobre los efectos del desastre en Japón en el futuro del sector nuclear (menos contaminante desde el punto de vista del CO2), De las Heras ha señalado que habrá que esperar a ver cómo evoluciona todo en Europa, una vez se haya estabilizado esta situación de crisis y de cierta psicosis.
En 2008, el 59,72% de las emisiones totales de CO2 españolas fueron atribuibles a los sectores difusos (transporte y agrícola entre otros) y el 40,28 restante a las emisiones controladas, en un año en el que se logró que la emisiones per cápita cayeran de 9,78 toneladas (2007) a 8,9.
El estudio de la Fundación Empresa y Clima, que han elaborado con información publicada diferentes administraciones, explica que en el conjunto de la UE se logró reducir de 2007 a 2008 la emisiones globales de CO2, incluidas la de sectores difusos, en un 11,27% sobre el año de cálculo de Kioto (1990), pasando de 5,6 millones de toneladas a 4,9 millones.
En ese mismo período (2007-09, del que se tienen datos globales), España logró una reducción del 7,51%, situándose a la cola entre los países que menos han disminuido sus emisiones, mientras que en Finlandia cayeron un 10,16%.
En esta misma línea y como ejemplo, los países bálticos Letonia, Estonia y Lituania, superan el 40% de reducción respecto a sus límites de emisiones base.
Alemania es el mayor emisor europeo de CO2, con el 17,58% del global, seguido por el Reino Unido, con el 11,53% -ambos países son compradores de derechos de emisión, además de tener el mayor número de instalaciones controladas- y España ocupa la quinta posición con 7,45% del total y el 9,46% de las empresas afectadas por la directiva de derechos.
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