Bajo el escándalo de los ERE

SEVILLA- Al descontento dentro del propio partido por la forma en la que el Ejecutivo de Griñán ha manejado el asunto, y en especial por el escaso respaldo recibido por los dirigentes salpicados por la trama –como el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, del que el propio Luis Pizarro salió en su defensa ante la tibieza del Gobierno andaluz–, hay que sumar que la «colaboración» entre la Junta y la juez que investiga la corrupción quedó ayer oficialmente rota. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, citó a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía en su despacho para que ratificaran su negativa a entregarle las actas del Consejo de Gobierno bajo la amenaza de elevar un conflicto de jurisdicción ante el Tribunal competente radicado en el Supremo. Y así lo hicieron: el Ejecutivo de Griñán mantiene que son «secretas» y se niega a entregarlas. A cambio ofrece una solución alternativa: certificaciones de acuerdos concretos, algo que no satisface a la juez. En un auto con fecha de 30 de marzo, la instructora fue muy clara y apuntó que necesita todas las actas desde 2001 porque «si conociera cuáles son relevantes para la investigación sólo pediría ésas». También reprochó la actitud de los responsables políticos andaluces: «Resulta paradójico que durante 10 años la Junta de Andalucía no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo con los fondos públicos y que ahora se extraña que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos de ello». En los próximos días se espera la reacción de Alaya a través de uno de sus vehementes autos. Este conflicto no frenará la investigación, ya que sólo afecta a una parte de la documentación recabada por la juez. Además, el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales podría dar la razón a la instructora en un plazo de cuatro meses, que defiende que las actas no son «ni reservadas ni secretas», ya que no ha exigido ni las deliberaciones ni las votaciones de las reuniones, sino sólo los acuerdos adoptados.